Por 361 votos a favor, 268 en contra y 70 abstenciones, la Cámara de Estrasburgo ha aprobado un informe de la diputada liberal Sophie in'T Veld, en el que pide a la Comisión Europea que presente este mismo año propuestas legislativas que introduzcan las cuotas de mujeres en los órganos de gestión de las empresas hasta el 30% en 2015 y el 40% en 2020. Actualmente solo el 12% de los puestos directivos de las principales empresas europeas cotizadas en Bolsa están ocupados por mujeres.

La posición del PE viene a respaldar la intención de la comisaria de Justicia, Viviane Reding, quien hace una semana presentó una consulta pública para buscar fórmulas por las que se aumente la representación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas europeas. Reding dijo que «no me gustan las cuotas, pero sí los resultados».

Otro informe de la diputada popular finlandesa Pia Pietikäinen, aprobado por 508 votos a favor, 124 en contra y 49 abstenciones, reclama más participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas y pide que los Estados estudien la posibilidad de introducir medidas legislativas que favorezcan la paridad.

Las mujeres ocupan el 24% de los escaños en los parlamentos nacionales de la UE y el 35% en la Eurocámara, pero no solo se busca cantidad, también paridad en los cargos electos del propio Parlamento Europeo, como los de presidente, vicepresidentes o presidentes de comisión.

Y la cuestión no solo atañe al legislativo. Los eurodiputados proponen igualdad de género también en el ejecutivo comunitario y solicitan a los Estados que propongan a un hombre y a una mujer como candidatos para el cargo de comisario europeo y al presidente de la Comisión que tenga en cuenta la paridad al formar el colegio de comisarios. El PE subraya los efectos positivos que las cuotas electorales han tenido en países como Francia, España, Bélgica, Eslovenia, Portugal y Polonia.

También la brecha salarial entre hombres y mujeres ha recibido críticas de los eurodiputados, que piden una estrategia de instituciones comunitarias, Estados y agentes sociales para reducir las diferencias salariales un 10% y la repercusión de esas diferencias en las pensiones.