El Parlamento europeo no quiere que lleguen a sus escaños personas que hayan sido condenadas por delincuencia organizada, blanqueo de dinero o corrupción y pide a los Estados miembros que los rechace también. Estas medidas forman parte del paquete de recomendaciones que ha aprobado este miércoles la comisión especial sobre Delincuencia Organizada, Corrupción y Blanqueo de Dinero por 526 votos a favor, 25 en contra y 87 abstenciones.

El PE propone que se ponga en marcha un plan de acción en toda la UE para el periodo de 2014-2019, en el que destaca como medidas prioritarias que se confisque el dinero de las redes de delincuencia y se bloqueen sus fuentes de ingresos. En estos momentos hay 3.600 organizaciones internacionales operando en la UE, de las que el 70 % tiene miembros de diferentes países.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) estima que las actividades ilegales suponen el 3,6 por ciento del PIB mundial, mientras que la Comisión calcula que el daño que causa la corrupción en la UE asciende a 120.000 millones de euros al año, lo que equivale al 1,1 por ciento del PIB de los Veintiocho.

La eurocámara quiere que se cree una Fiscalía Europea que coordine las investigaciones de carácter financiero en los diferentes países. También aboga por la supresión del secreto bancario y la eliminación de los paraísos fiscales en la UE y que el dinero confiscado se destine a fines sociales.

Reclama sanciones más severas contra los traficantes de personas y que se mejore la protección de las víctimas. La trata de seres humanos afecta a todos los Estados miembros y genera unos beneficios económicos que se calcula en 25.000 millones de euros al año. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el número de trabajadores forzados en la UE asciende a 880.000 personas, de las que 270.000 son víctimas de explotación sexual.

El informe se ocupa también del amaño de partidos deportivos que quiere que se tipifique como delito penal, con las debidas sanciones. También quiere que sea delito la compra de votos.