El comunicado señala que la medida se debía al «enorme aumento de los costes hoteleros» en la ciudad sede de la conferencia, Río de Janeiro, que llama «simplemente no justificables».
Pero organizaciones no gubernamentales han desestimado esos argumentos por considerarlos una excusa, y dicen que la decisión implica que el Parlamento Europeo es consciente de no haber podido desempeñar su rol de institución fundamental de control dentro de la Unión Europea (UE), especialmente en relación a su rama ejecutiva, la Comisión Europea.
Belén Balanya, experta en políticas ambientales internacionales en el Observatorio Corporativo Europeo (CEO, por sus siglas en inglés)http://www.corporateeurope.org/ , nos dijo que la decisión de los europarlamentarios de cancelar «toda participación en Río es simplemente lamentable» y agregó «No sé cuánto esfuerzo habrán hecho para buscar opciones viables para ir, o si la decisión tiene otros oscuros motivos».
El CEO, con sede en Bruselas, es una organización de investigación y activismo que trabaja para exponer y desafiar el acceso privilegiado y la influencia que gozan las corporaciones y sus grupos de presión en la elaboración de las políticas de la UE.
En la conferencia que tendrá lugar del 20 al 22 de junio, a dos décadas de la Cumbre de la Tierra de 1992, líderes mundiales, junto con miles de participantes de gobiernos, el sector privado, organizaciones no gubernamentales y otros grupos, se reunirán para definir una agenda global para reducir la pobreza, promover la igualdad social y garantizar la sostenibilidad ambiental.
La cumbre Río+20 es «el fin de un proceso que se viene desarrollando desde hace meses, y la responsabilidad del Parlamento Europeo debería ser controlar y garantizar a lo largo de todo ese proceso que la Comisión Europea desempeñe un rol adecuado en las negociaciones para promover un cambio» con la mira puesta en sociedades más sostenibles, dice Balanya.
También recuerda que la Comisión Europea ha impulsado principalmente «un mayor papel de las corporaciones en la cumbre Río+20 y procesos relacionados con la Organización de las Naciones Unidas (ONU)».
Esta política europea «promoverá aun más la privatización de la naturaleza, beneficiando solo a una ínfima minoría, y no intentará un cambio del actual modelo de consumo y producción. Por lo tanto, no ayudará a resolver la crisis ambiental», asegura. «Estas políticas europeas sin duda no beneficiarán a los pobres», agrega Balanya.
Representantes de organizaciones no gubernamentales en Alemania dicen que la decisión del Parlamento Europeo es «extraña». Un experto en desarrollo radicado en Berlín, que pidió no ser identificado, dice que «las organizaciones de la sociedad civil están enviando delegados a Río sin incurrir en horrendos gastos hoteleros».
Jo Leinen, integrante del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo que se suponía viajaría a Río como parte de la delegación del bloque, calificó la decisión de «lamentable».
En una entrevista con IPS, Leinen sostuvo que la ausencia del Parlamento Europeo en Río+20 «es un gran déficit». «Deberíamos estar allí, pero hay un cartel de hoteles en Río que abusa de la conferencia para pedir precios irresponsables», afirmó. Leinen admite que las políticas ambientales europeas están como mínimo estancadas. «Europa todavía está en la vanguardia de las políticas mundiales sobre ambiente y sostenibilidad, pero la actual crisis financiera y económica está cambiando las prioridades», dice.
«La UE debe mejorar en la reducción del consumo de recursos» y potenciar la solidaridad con el mundo en desarrollo, señala. «Pero ahora los gobiernos europeos tienen otros problemas urgentes que resolver». En la previa de Río+20, la UE promueve activamente el concepto de economía verde, pero sin definir realmente el término.
Organizaciones ambientalistas europeas y gobiernos de países en desarrollo, especialmente los representados en el Grupo de los 77, rechazan el concepto por considerarlo un mero ardid de las naciones industrializadas para perseguir sus propios intereses. Entre ellos, particularmente la expansión de los mercados tecnológicos extranjeros, sin tener en cuenta las necesidades del Sur pobre.
En un análisis sobre las perspectivas de Río+20, Venro http://www.venro.org/ , una federación que agrupa a 120 organizaciones no gubernamentales dedicadas al desarrollo en Alemania, mantiene que la economía verde es una idea confusa, de la que «no hay una definición general aceptada». Venro concluye que la economía verde no constituye un nuevo paradigma económico que garantice simultáneamente la sostenibilidad y la reducción de la pobreza.
Señala, así mismo, que el primer borrador de la declaración final de Río+20 ha sido rechazado por organizaciones de la sociedad civil y de los países en desarrollo por no cuestionar «los principios fundamentales de la economía neoliberal, es decir el libre comercio y el crecimiento económico».
Balanya, de CEO, también urge a la UE a «dejar de promover este concepto defectuoso de la economía verde, que involucra la expansión de la lógica de los mercados de carbono a otras áreas, como el agua o la biodiversidad». En general, las políticas ambientales europeas son un rotundo fracaso, sostiene y se refiere explícitamente al buque insignia de la UE en materia de clima y medio ambiente: el Sistema de Comercio de Emisiones.
En teoría, este sistema «brinda un medio barato y eficiente para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de un tope cada vez más estrecho. Pero en la práctica recompensa a los grandes contaminadores con ganancias imprevistas», asegura Balanya. Según ella, en general «la UE ha incorporado el discurso sobre sostenibilidad a muchas de sus políticas y tratados, pero no va más allá de la retórica».
En realidad, añade, las políticas de comercio e inversiones que promueve el bloque, así como sus políticas ambientales y energéticas, «están alimentando y manteniendo un modelo muy insostenible de producción y consumo».
