El informe ha sido aprobado por 318 votos a favor, 269 en contra y 52 abstenciones, el texto alerta sobre el «drama social» de los desahucios «en un contexto de grandes ayudas públicas al sistema financiero». Pide que se incluyan procesos de renegociación de la deuda o la dación en pago para los deudores y las familias en situación de quiebra» y dice a los Estados miembros «que se esfuercen por ofrecer soluciones alternativas a los desahucios».

Los eurodiputados rechazaron un párrafo del informe elaborado por la eurodiputada francesa de los Verdes Karima Delli, que proponía la «aplicación de políticas eficaces, en estrecha colaboración con las organizaciones de inquilinos, de prevención de los desahucios por impago del alquiler, especialmente en el caso de los hogares más vulnerables y, en particular, en períodos de mucho frío, ya que, más allá del drama humano que representan para las familias, es menos costoso para las autoridades competentes asumir los alquileres y los retrasos de las personas amenazadas de desahucio».

Instan, así mismo, a los Estados miembros a que garanticen que todos los ciudadanos puedan tener acceso a una vivienda, procurando que los aumentos de alquileres se basen en una «objetivación de los precios», es decir, que se establezca un método que garantice un aumento moderado de los precios de la vivienda, y en la adaptación de la política fiscal, con el fin de poner coto a la especulación.

Otro punto del informe es la lucha contra la pobreza energética. La Eurocámara defiende la creación de regímenes financieros específicos para los hogares más vulnerables en relación con los costes de la energía (como la tarificación justa de la energía, ayudas específicas o integradas en otras ayudas sociales, la prevención del impago de facturas y la protección contra los cortes de suministro.

El socialista Alejandro Cercas abogó por «una política europea que dé soluciones a quien hoy tiene dificultades y que no permita situaciones como las de España, donde millones de personas están amenazadas y cientos de miles han sido arrojadas de sus viviendas». Cercas defendió «un proceso de renegociación de la deuda o la dación en pago de tal manera que tengan una segunda oportunidad. Si esto lo tienen las empresas deben tenerlo las familias que han caído en quiebra».

Por su parte, la eurodiputada de los Verdes Ana Miranda acogió positivamente «unas propuestas que dan respuesta al drama social que muchas familias están sufriendo en España, a la situación hipotecaria y a la expulsión de las personas de su propia vivienda».