Oxfam Intermón denuncia el abandono de la lucha contra el hambre

Políticas equivocadas, la caída de la ayuda a la agricultura, los intereses comerciales sobre la tierra o las consecuencias del cambio climático mantienen a millones de personas con hambre. Las medidas de austeridad y la falta de inversión en ayuda al desarrollo (principalmente en España, pero también en el resto de donantes) son la principal amenaza de un sistema que lentamente había conseguido contener los datos de hambre en los últimos años.

El hambre es la mayor lacra que existe en el mundo y acabar con él está al alcance de nuestras manos. Sin embargo, el objetivo de Naciones Unidas de reducirlo a la mitad en el año 2015 no se cumplirá. Los avances en ese campo han sido decepcionantes, y existe un alto riesgo hoy de que se pierda lo logrado y empeore la situación alimentaria de la población mundial. La aplicación de políticas erróneas, la reducción drástica de la ayuda al desarrollo (principalmente de España, pero también del resto de donantes), la inacción contra el cambio climático, el incremento del acaparamiento de tierras y un modelo de desarrollo rural a gran escala que olvida al pequeño productor y al desarrollo rural, son algunas de las causas que explican que el sistema alimentario mundial no funcione para todos.

Estas son algunas de las conclusiones del informe «Acabar con el hambre, al alcance de nuestras manos» que ha hecho público Oxfam Intermón y que llama la atención sobre la necesidad de que gobiernos, empresas y ciudadanos promuevan cambios radicales en la forma en la que se producen, distribuyen y consumen los alimentos.

«El hambre no es contagiosa, pero en los lugares más pobres se transmite de generación en generación. Supone un círculo vicioso que obstaculiza el desarrollo de las personas que lo padecen, de todo un país o región. Se genera y perpetúa por decisiones políticas que propician un reparto injusto de los recursos para favorecer a una élite que persigue incrementar beneficios, en lugar de cultivar alimentos» afirma Lourdes Benavides, autora del informe.

Unos 500 millones de pequeños agricultores de países en vías de desarrollo producen alimentos para un tercio de la población mundial. Sin embargo en las últimas tres décadas la ayuda oficial al desarrollo (AOD) destinada a la agricultura se desplomó del 20,4% al 3,7%. De la misma manera, la crisis financiera está sirviendo de excusa para rebajar los porcentajes de la AOD total, lo que supone una reducción de inversión en servicios sociales básicos, que son una red de protección para los más vulnerables. España es el país que más ha recortado su contribución al desarrollo global, reduciéndola en un 70% en los últimos tres años. Pero no es el único. En su conjunto, los países donantes han rebajado su contribución al desarrollo olvidando las promesas de incrementar las dotaciones para agricultura a largo plazo. «Esto en la práctica supone claudicar en la lucha contra el hambre», afirma Benavides.

¿Negocio o derecho humano?

El informe resalta que, paralelamente, la cantidad de tierra cultivable por persona se ha reducido a casi la mitad desde 1960 y se ha disparado el negocio de compra-venta de la tierra. En sólo una década (del 2000 al 2010) las compras o arrendamientos de tierras por inversores extranjeros en países en desarrollo representa una superficie equivalente a ocho veces el tamaño del Reino Unido, suficiente como para producir alimentos para mil millones de personas. Sin embargo, estas compras tiene un carácter especulativo o se destinan a monocultivos para la exportación o a la producción de agrocombustibles.

Un ejemplo claro es Paraguay, el país con mayor nivel de desigualdad de América Latina y ocupado masivamente por el cultivo de soja, en el que los pequeños agricultores están siendo expulsados de sus tierras y no pueden cultivar sus propios alimentos.

«La producción de alimentos se ha convertido en un gran negocio, en lugar de una actividad que debe cubrir un derecho humano básico como es el de la alimentación. La paradoja de Paraguay es que produce alimentos para 50 millones de personas, pero 1,3 millones de paraguayos pasan hambre. El avance de la plantación de productos destinados a la exportación masiva como la soja, que requiere miles de hectáreas, está expulsando a los campesinos de sus tierras y empujándolos a emigrar a las ciudades o a otros países. Esto está generando hambre, violencia y conflictos sociales así como el asesinato de campesinos y campesinas que luchamos por nuestros derechos», afirma Alicia Amarilla Leiva, Secretaria de Relaciones de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI) de Paraguay.

¿Y España?

En países como el nuestro, en el sur de Europa, estamos comenzando a tener constancia de cómo las políticas equivocadas tienen un rápido reflejo en la capacidad de las personas para acceder los alimentos. Las medidas de austeridad están destruyendo las redes de protección social, empobreciendo a grandes sectores de población e incrementando la brecha entre ricos y pobres. Hoy, uno de cada cuatro españoles está en situación de pobreza o riesgo de exclusión y un 3% vive con carencias alimentarias (según datos del Instituto Nacional de Estadística).

«No se trata de que en nuestro país no haya alimentos suficientes, sino que parte de la población está teniendo más dificultades para acceder a ellos. Los bancos de alimentos y organizaciones sociales, casi al límite de sus capacidades, alivian el problema de forma temporal, pero no pueden ser la solución. El hambre es un problema global, que requiere soluciones globales», añade Benavides.

A pesar de que el hambre se ha reducido un 17% en términos globales en el mundo en las últimas décadas, la percepción de los españoles es la contraria. Casi un 80% cree que el hambre se ha incrementado en los últimos años, según una encuesta realizada por Metroscopia para Oxfam Intermón.

«El ritmo de los avances en la lucha contra el hambre en el mundo es lento y los ciudadanos apenas perciben los progresos a un problema que no tiene visos de ser resuelto en los próximo años. De hecho, el creciente número de familias con problemas para acceder a alimentos suficientes en nuestro país está volviendo a poner el hambre en la esfera de preocupaciones de los ciudadanos», afirma Violeta Assiego, coordina los estudios de Discriminación, Pobreza y Exclusión Social de Metroscopia.

Sin embargo, tres de cada cuatro españoles cree que si hubiera un compromiso serio se podría acabar con el hambre de una manera definitiva, y una gran mayoría (69%) considera que podría hacer más para contribuir a la solución.

Según los ciudadanos (un sondeo a 600 personas de población general) los que más están haciendo para paliar este problema a nivel mundial son las organizaciones no gubernamentales (ONG) mediante la ayuda humanitaria y la AOD que dedican los países donantes. Con respecto a nuestro país, los encuestados opinan que son las familias y amigos, los Bancos de alimentos y las ONGs las que están actuando eficazmente para ayudar a las familias, mientras los ayuntamientos y el Estado aportan pocas soluciones.

Acabar con el hambre es posible

Erradicar el hambre requiere de una multiplicidad de acciones. Los alimentos no son como cualquier otro bien, no puede ser objeto de especulación: la alimentación y la producción de biocombustibles no pueden entrar en competición. Los estados deben asumir su responsabilidad y diseñar políticas que modifiquen el rumbo actual. Desde una apuesta por la inversión pública en la agricultura a pequeña escala y por los sistemas locales de producción de alimentos, un compromiso ambicioso con la lucha contra el cambio climático y contra la degradación medioambiental que no esté condicionado por criterios económicos. Hasta políticas redistributivas, que incluyen la promesa de luchar contra la pobreza en el mundo, invertir en políticas sociales para que los más pobres puedan cubrir sus necesidades básicas. Finalmente, con políticas recaudatorias justas y acabando con la evasión y elusión fiscal.

«Se necesita de una nueva gobernanza internacional con reglas más justas, más transparentes y democráticas para un gobierno global por el interés común, que asigne los recursos de manera más eficaz. Es decir un gobierno que no favorezca los intereses de las grandes corporaciones y regule en favor de la mayoría», concluye Benavides.

El informe resalta que para acabar con el hambre se necesita un triple reto: producir y consumir de forma más sostenible, reducir las desigualdades en el acceso a los recursos y las decisiones y disminuir la vulnerabilidad ante el cambio climático y la volatilidad de los precios de los alimentos.

Y por último, se necesita una ciudadanía global consciente y activa, comprometida con los derechos humanos y la erradicación del hambre que muestre que puede cambiar el sistema alimentario presionando a los gobiernos, a las multinacionales, consumiendo con responsabilidad, consciente del poder que ejerce con decisiones cotidianas, y siendo solidaria con las causas de otras ciudadanías y sociedades civiles organizadas de los países en desarrollo.