Desde Jueces para la Democracia consideramos que estas palabras son ofensivas hacia los magistrados de este país, que están haciendo un esfuerzo considerable sin apenas medios. El último informe del CGPJ en esta materia señala que cerca de la mitad de los juzgados están trabajando a más de 150% de los asuntos previstos institucionalmente; y muchos de ellos a más del 200%. Seguimos a la cola de Europa en el número de jueces por habitante y a la cabeza en el número de investigados por corrupción, sin que desde el Gobierno se hayan querido adoptar medidas que aporten soluciones en una materia que preocupa muy seriamente a la sociedad y que está erosionando la credibilidad de nuestras instituciones.

Debemos recordar que, si hay centenares de imputados por corrupción, es porque hay centenares de jueces que están haciendo un enorme esfuerzo para que las causas avancen, a pesar de la sobrecarga de trabajo y de la falta de recursos. Resulta evidente que los magistrados no pueden tener el menor interés en que las causas se demoren. Al contrario, para el poder político sí que puede ser conveniente la paralización de los procedimientos, pues ha permitido que políticos imputados hayan continuado durante largos años en sus cargos. El ministro Catalá debería aclarar si esa es la razón por la que no se aportan al sistema judicial los instrumentos suficientes.

Del mismo modo, el ministro Catalá también debería explicar qué es lo que se pretende con la reducción de los plazos de instrucción. Resulta notorio en el ámbito judicial que se trata de plazos imposibles de cumplir con los medios existentes en los juzgados. Por ello, esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal provocará el cierre en falso de las investigaciones, al no permitirse que los jueces de instrucción puedan prorrogar de oficio las causas cuando sea necesario. Y está muy claro que no se podrá ir a juicio con pruebas suficientes. Por ejemplo, con estos plazos no hubiéramos sabido prácticamente nada del caso Urdangarín, del caso Gürtel o del caso de los EREs. En consecuencia, esta reforma favorecerá la impunidad de numerosos asuntos de corrupción.

Desde Jueces para la Democracia apoyamos el valioso trabajo que están realizando los magistrados instructores de nuestro país, a pesar de la falta de apoyo institucional del Gobierno. En lugar de cuestionar a los jueces, sería más positivo para la sociedad que el ministro de justicia aportara los medios que necesita nuestro sistema judicial.