«Las exportaciones de México se han triplicado en los últimos años. Y cobran auge actividades como la extracción de oro de electrónicos reciclados», dice el especialista senegalés Ibrahima Sow, de la División de Cambio Climático y Químicos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).

En octubre, 18 países de América Latina y el Caribe sumaron sus firmas a un acuerdo internacional para prohibir que se exploten nuevas minas de mercurio, se ponga fin a las actuales, se controlen las emisiones aéreas y se regule la minería artesanal de oro, que emplea este peligroso metal.

Hay 97 países de todo el mundo que firmaron el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, pero solo uno lo ratificó, Estados Unidos, por lo que faltan 49 para que entre en vigor.

Minamata es la ciudad japonesa que dio nombre a la enfermedad causada por envenenamiento con mercurio. En la década de 1950 se descubrió allí este síndrome, con más de 100 muertos, y afectados que, con el paso de las décadas, superaron los 2.000.

Luego se supo que habían comido pescado de la bahía, contaminado con mercurio de una industria petroquímica. Este metal es neurotóxico y cancerígeno.

En América Latina se usa en la minería artesanal del oro y en material hospitalario. La extracción, refino y transporte de hidrocarburos, la generación termoeléctrica y la siderurgia, entre otras actividades, también liberan mercurio.

Además, en varios países se hace contrabando

«Es difícil cuantificar la importación ilegal. Se sabe que la minería artesanal y de pequeña escala utiliza mercurio de contrabando, principalmente proveniente de Perú y Ecuador, pero no se conocen datos precisos», señala el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Pablo Vieira. Según las autoridades colombianas, el tráfico ilegal se da a través de sus zonas selváticas y fronterizas.

La organización no gubernamental Mercury Watch estima que las emisiones latinoamericanas superaron las 526 toneladas en 2010, y Colombia fue a la cabeza, con 180 toneladas.

En una evaluación publicada en 2013, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), calculaba que las emanaciones de mercurio por actividades humanas llegaron a 1.960 toneladas en 2010, con la minería artesanal como fuente principal (727 toneladas), seguida por la quema de carbón en el sector energético, industrial y doméstico (475 toneladas).

América Latina contribuyó con 292 toneladas, de las cuales 245 correspondieron a América del Sur.

La extracción de oro artesanal se practica en al menos una docena de países latinoamericanos, principalmente de la región andina y de la cuenca del río Amazonas, pero también de América Central, según el PNUMA.

Unos 500.000 mineros artesanales del oro impulsan la demanda legal o ilegal del metal.

México y Perú tienen yacimientos de mercurio, pero no hay explotación primaria formal en la región. Se trata de una extracción secundaria, pues el mercurio suele estar mezclado con otros minerales, o de reciclaje del metal ya extraído y utilizado con otros fines.

Los mayores productores son México, Argentina y Colombia, mientras que los principales consumidores e importadores legales son Perú, Colombia y Panamá. En 2012 México, Argentina y Colombia encabezaron la lista regional de exportadores de mercurio y productos que lo contienen, según Mercury Watch.

El mercurio se encuentra en forma natural en ciertas rocas, y en el agua, el aire y los suelos por las emanaciones industriales. Por la acción de bacterias y microorganismos, se transforma en metilmercurio, que se acumula en los órganos de distintas especies animales, sobre todo en los peces.

El abordaje legal es desigual en la región

Colombia aprobó el año pasado una ley que estipula la eliminación del mercurio en cinco años en la minería y en 10 años en la industria, entre otras medidas. En Perú, el parlamento debate desde noviembre el proyecto de ley 2795/2013-CR para eliminarlo de la minería y sustituirlo en actividades industriales.

Mientras, leyes mineras de Bolivia, Costa Rica y Honduras prohíben el mercurio.

Datos del PNUMA indican que había 11 plantas de cloro-álcali con tecnología de baterías de mercurio distribuidas en siete países de la región en 2012. Varias de ellas planifican adoptar tecnologías libres del metal para 2020.

«El contenido de mercurio en los productos, la sustitución, el almacenamiento transitorio, así como su disposición final son aspectos significativos de la gestión del mercurio», explica la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, Raquel Lejtreger.

Uruguay importa productos con mercurio y en su territorio opera una planta de cloro-sosa, cuya transformación está decidida, pero requiere financiación.

El GEF ha prestado financiación a este y otros países de la región tanto para la negociación del Convenio como para la adopción de nuevas tecnologías y alternativas al peligroso mercurio. Pero falta mucho.