CASABLANCA (IPS) - La práctica generalizada de entregar a niñas y adolescentes en matrimonio sigue siendo una de las cuestiones políticas y legales más delicadas en Marruecos, que está enfrentando a los islamistas de línea dura con los moderados en todo el país. Una cuestión candente por el suicidio el pasado marzo de una joven de 16 años obligada a casarse con su violador.

En Marruecos hay 30.000 menores casadas según dijo en la televisión nacional Mohammad Abdenabawi funcionario del Ministerio de Justicia, esa cifra equivale al 10 por ciento del total de los matrimonios que se realizan al año en este país de 32 millones de habitantes.

Las consecuencias del fenómeno son graves para las adolescentes y las mujeres jóvenes, pese a los esfuerzos que hace la sociedad civil para cambiar la situación. Pero es difícil mantener la lucha frente a una ola de conservadurismo cultural y religioso.

La campaña para reunir un millón de firmas para que se prohiba el matrimonio precoz ha cobrado mayor fuerza a raíz de la trágica peripecia de Amina Filali, de 15 años, que se suicidó tras ser obligada a casarse con el hombre que la violó.

Para proteger el «honor» de la joven y de la familia, la justicia se basó en leyes del Código Penal y de Familia para obligar a Filali a casarse con el hombre, 10 años mayor que ella, que la había obligado a entregarse a punta de navaja. El suicidio de Filali y el dictamen del tribunal desataron un fuerte debate público y movilizaciones sobre un tema, que ha sido tabú en la tradicional sociedad marroquí.

Según Jamal Rhmani, miembro de la opositora Unión Socialista de Fuerzas Populares y exministro de Empleo, la campaña ha reunido más de 780.000 firmas. A pesar de su actividad política y de ser uno de los promotores de la campaña contra el matrimonio precoz, Rhmani nos dijo que su participación obedece primero y principalmente a su perspectiva como padre de una adolescente de 14 años. «Antes que político, soy padre. No podemos ser indiferentes a los que pasa a nuestro alrededor», arguyó.

Activistas e integrantes de la oposición reclaman la derogación del artículo 475 del Código Penal, que permite que el violador salga impune si accede a casarse con su víctima. También van contra los artículos 20 y 21 del Código de Familia, que permite el matrimonio de menores de edad.

Pero es un problema con raíces profundas que va a requerir un cambio más sistemático que la derogación de unas pocas leyes. «La culpa es de una jurisprudencia arcaica implementada por incultos», dice el activista Chakib Khettou, refiriéndose a la ley islámica que permite el matrimonio de niñas mayores de nueve años.

En 2008, el erudito musulmán jeque Mohammad el Maghrawi publicó una fatwa (edicto religioso) reiterando el derecho de las familias a casar a sus hijas de más de nueve años. El hecho provocó un escándalo, pero sin consecuencias para él. En una conferencia de prensa en abril, El Maghrawi defendió su posición, «basándose en el Corán y en las palabras del profeta», según dijo.

Ahmed Faridi, profesor especializado en la shariá (ley islámica), señala que «No hay nada en el Corán que permita el matrimonio de una niña de nueve años». Aun si resulta que Mahoma se casó con una menor, «en ese caso es una excepción y no la regla», remarca.

Loa tradicionalistas no dan tregua

«El matrimonio de niñas y adolescentes no está prohibido por la ley», señala el ministro de Justicia y Libertades, Mustapha Ramid, en un discurso difundido por la televisión nacional en marzo. Abogado de profesión, Ramid es «tolerante» respecto a la reforma del artículo 475 del Código Penal, pero se niega a hablar sobre los artículos 20 y 21 del Código de Familia.

El ministro da a entender que podría haber manifestaciones similares a las que provocó el Plan Nacional para la Integración de las Mujeres en el Desarrollo, propuesto por el gobierno de entonces de Abderrahmane Youssoufi en 1999. En ese momento, miles de musulmanes del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo protestaron en Casablanca contra el plan de Youssoufi porque consideraron que era «incompatible» con la shariá (la ley islámica), ya que prohibía la poligamia y fijaba en 18 años la edad mínima para que las mujeres contrajeran matrimonio.

Pero los actuales parlamentarios no temen que los sectores conservadores reaccionen con la vehemencia de entonces. «Se necesita un debate nacional sobre el tema para reformar el Código Penal y el Código de Familia. Los parlamentarios socialistas tienen un proyecto para garantizar la protección de las niñas menores de edad», indica Rhmani.

La cámara baja del parlamento analizó este tema la última semana de abril

El presidente de la cámara, Mohammad Cheikh Biadillah, señaló que las reformas propuestas deben verse con el «espíritu de la nueva Constitución», adoptada en plena Primavera Árabe y que obliga al «Estado a garantizar los derechos sociales y económicos de la familia», a «proteger a los menores sin importar su posición social o familiar» y «prohíbe todo tipo de discriminación por cuestiones de género».

Biadilah señala que «el Poder Legislativo tiene la obligación de intervenir cada vez que detecta que una ley se vuelve incompatible con el desarrollo de la sociedad», y añade que «todas las leyes que atentan contra la dignidad de las mujeres deben reformarse o derogarse».