Parece el guión de una película con final feliz, pero es un caso real y reciente, que nos contó la trabajadora social Felicia Carmen Marecos, del Consulado General del Paraguay en la sureña ciudad de Málaga. Es una de tantas historias de mujeres que buscaban huir de la pobreza y cayeron en las redes de trata de personas

La mayoría de las víctimas de trata con fines de explotación sexual identificadas en España provienen de Brasil, China, Nigeria, Paraguay y Rumania, según fuentes policiales, que cifran en 12.000 las potenciales afectadas y en cinco millones de euros la ganancia diaria de las mafias de este delito en el país.

María, un nombre ficticio, vino a España alentada por su hermana, quien ya vivía en Madrid y formaba parte del engaño. Las mujeres forzadas a ejercer la prostitución suelen ser captadas con ayuda de familiares, amigos o conocidos.

La joven se atrevió a denunciar su caso. Pero es difícil que las mujeres lo hagan «porque están coaccionadas desde sus países de origen», advierte la especialista en migraciones y trata de seres humanos del Colectivo Caminando Fronteras, Helena Maleno.

Muchas no hablan español, están amenazadas, endeudadas, ignoran que hay ayudas, carecen de documentación y temen a la policía.

Además, «no suelen reconocerse a sí mismas como víctimas», apunta Paula Mandillo, trabajadora social de la asociación malagueña Mujer Emancipada, que en 2012 ayudó a más de un centenar de mujeres, sobre todo nigerianas y rumanas.

El primer informe de la Comisión Europea sobre trata de seres humanos en Europa, publicado por Eurostat en abril de 2013, cifra en 23.632 las víctimas de 2008 a 2010, con un crecimiento del 18 por ciento durante el trienio. Del total, un 15 por ciento son niñas y niños.

En el 62 por ciento de los casos, estas personas, la mayoría mujeres, fueron captadas para su explotación sexual, el 25 por ciento laboral y el 14 por ciento de otros tipos, como extracción de órganos.

España fue en 2010 el segundo país de la Unión Europea (UE) con más víctimas de trata de personas, después de Italia, según el estudio.

Las organizaciones de la Red Española contra la Trata de Personas reclaman una ley integral contra el delito, que penalice todas sus formas y no solo la destinada a la explotación sexual.

También piden un enfoque de derechos humanos, porque, aseguran, «prima un tratamiento puramente criminal o centrado en la prevención y persecución del delito, así como del control de la migración».

Un ejemplo es el caso de una mujer extranjera que fue violada y, cuando denunció el delito en una comisaría de una localidad costera de Málaga, la detuvieron y la expulsaron por su situación irregular, relatan fuentes del Equipo de Atención al Inmigrante de la Guardia Civil de esta provincia andaluza.

Una joven rumana de 24 años, multada en varias ocasiones por la policía por ejercer la prostitución en las calles de Barcelona, se suicidó el 23 de septiembre y solo entonces se supo que había sido víctima de una red que desde 2000 explotaba sexualmente a 200 mujeres, y que el proxeneta era su propio marido.

«Para sensibilizar a la sociedad de lo que está pasando hay que tener claro que trata no es prostitución ni inmigración irregular, sino que hay inmigrantes irregulares y personas en explotación sexual que son víctimas de trata», enfatiza Maleno.

Si las autoridades españolas encuentran indicios de que una mujer en situación irregular es víctima de trata, deben notificarle que tiene derecho a un periodo de 30 días de restablecimiento y reflexión.

En ese plazo se suspenden los expedientes de expulsión, cuentan con el asesoramiento de una organización especializada y deciden si denuncian y colaboran con las autoridades policiales y judiciales en la investigación del delito.

En este caso, pueden acceder al permiso de residencia, según establece una reforma de 2009 de la Ley de Extranjería. «Es un problema que la persecución del delito se base en la denuncia de la víctima. Aunque no denuncie, hay que proteger sus derechos humanos» y eso pasa por no expulsarlas a los países de origen donde su vida puede correr peligro, considera Maleno.

Muchas nigerianas captadas por estas redes hacen el camino desde su país a pie por el desierto, embarazadas y con niños, hasta Marruecos donde se embarcan en pateras hacia las costas españolas.

«El periodo de 30 días de restablecimiento es mínimo ante lo que sufren», apunta la activista de Caminando Fronteras. En países como Noruega es de seis meses y las oenegés participan en la identificación de víctimas, dice.

La trata de personas se tipificó como delito en el Código Penal español solo en diciembre de 2010, con penas de entre cinco y 10 años de cárcel.

Los cuatro casos que desde entonces tienen ya sentencia judicial firme, se resolvieron con condena para los 10 implicados, nos indica la religiosa Marta González, coordinadora del Proyecto Esperanza, de la Congregación católica de las Adoratrices.

Según Maleno, en España existe un «problema grandísimo» con las víctimas de trata con fines de explotación sexual procedentes de Rumania, porque su migración es regular, dado que el país es miembro de la UE.

Por ello «no entran en el circuito de protección que establece el protocolo contra la trata» y tienen una gran movilidad dentro del país y del territorio europeo, explica.

Las mafias usan a bebés, ya sea para pasar a mujeres subsaharianas a territorio español o para coaccionarlas, cuando ejercen la prostitución forzada, alerta.

Hasta este año cuando llegaba una patera a la costa, las autoridades no identificaban a los bebés. Pero ahora han comenzado a tomar sus huellas dactilares y, de manera más incipiente, a realizar test de ADN a mujeres y niños en puntos de control fronterizo, para verificar que sean madres e hijos, dice Maleno.

En septiembre, el gobierno concedió asilo por primera vez a una mujer víctima de una red de explotación sexual, una nigeriana madre de una niña de tres años, que llegó en patera a finales de 2010 y decidió plantar cara a la mafia que traficó con ella.