El juez José Castro investiga la participación de la infanta Cristina de Borbón, en una empresa sin ánimo de lucro de la que era copropietaria junto a su esposo, Iñaqui Urdangarín. Y a través de la cual se desviaron presuntamente fondos públicos.

El juez ya había imputado a la infanta el pasado abril por una posible connivencia en el enriquecimiento ilícito de su marido, pero la Audiencia Provincial de Mallorca consideró que no había suficientes indicios incriminatorios y suspendió la imputación. Pero dejó una puerta abierta a que se continuara investigando por delito fiscal, cosa que el juez ha hecho hasta ahora que cita a la infanta a declarar.

En las últimas semanas se ha sabido que la infanta pagó compras para uso privado con una tarjeta de crédito de la sociedad Aizoon. Una empresa patrimonial sin actividad alguna que Cristina de Borbón compartía con su esposo y a la que este habría desviado presuntamente fondos públicos desde la asociación sin ánimo de lucro, Nóos.

La infanta, séptima en la línea sucesoria al trono de España, se ha trasladado a Ginebra junto a sus cuatro hijos donde trabaja para La Caixa. En 2012 fue apartada de los actos oficiales. Su esposo permanece en España.

Un sondeo de la firma Sigma Dos publicado el 5 de enero indica que más del 83 por ciento de los españoles cree que la familia real se ha equivocado en la gestión del caso y un 62 por ciento cree que el rey Juan Carlos debe abdicar en su hijo el príncipe Felipe.