El socialdemócrata Victor Ponta, que encabeza un gobierno de centro-izquierda en Rumanía, ha hecho pedazos su capital político en unos meses con una serie de actuaciones de carácter autoritario que han merecido una fuerte crítica de la Comisión Europea al poner en duda la estabilidad del Estado de Derecho en el país: destitución del presidente, reforma del Tribunal Constitucional a la medida, sustitución del Defensor del Pueblo por otro afín, entre otras medidas de dudosa ética política.

A la vista de las críticas y sus posibles consecuencias, Ponta ha querido entrevistarse personalmente con los líderes comunitarios para explicar la crisis política abierta en Rumanía y justificarse. Sin embargo, se ha encontrado con similares actitudes en sus encuentros políticos y una palabra repetida: preocupación.

El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, quizá fue el más conciliador con Ponta, al reconocer que la destitución de Basescu se hizo conforme a la legislación rumana, pero advirtió de que, si en la investigación abierta por Bruselas, se encontrara algún incumplimiento de los estándares europeos, tomará «medidas inmediatas para encarrilar» su actitud.

Desde el Consejo Europeo, el presidente Herman van Rompuy ha recordado que el respeto al Estado de derecho y la independencia del poder judicial son «principios fundamentales sobre los que se basa la Unión Europea y todos los gobiernos tienen que respetar».

Más contundente, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, tras entrevistarse con Ponta, deja claro en un comunicado que el gobierno rumano «debe respetar la plena independencia del poder judicial, restaurar los poderes del Tribunal Constitucional y asegurar que sus decisiones se respetan, nombrar a un Defensor del Pueblo que tenga apoyo de los partidos y garantizar un nuevo procedimiento abierto y transparente para el nombramiento de un Fiscal General y el Director de la Dirección de Lucha contra la Corrupción...La integridad es una prioridad política.

Ante semejante rapapolvo, el primer ministro rumano aseguró a Barroso que las medidas de su competencia se impulsarán «inmediatamente» y hará todos los esfuerzos para que las otras instituciones rumanas asuman un compromiso similar.

La Comisión Europea tiene previsto publicar el próximo día 18 un documento en el que analiza la reforma judicial y las medidas anticorrupción adoptadas por Rumanía, dentro del llamado Mecanismo para la Cooperación y Verificación, que evalúa los progresos del país para subsanar lagunas pendientes desde su entrada en la Unión Europea.