La idea es que los contratados temporales de la administración no renueven su vínculo el año próximo. Además las medidas de ahorro incluirían dejar a la mitad las remuneraciones por trabajar en festivo y horas extras y retrasar la edad de jubilación de los funcionarios de 63 a 65 años, la edad reglamentaria en el sector privado.
Portugal tiene más de 600.000 empleados públicos y, de ellos, 85.000 son trabajadores con contrato temporal. Unos 50.000 están en el ministerio de Educación, el resto de los afectados serían de Sanidad y Defensa. Los sindicatos de la función pública consideran que el gobierno lanza un «ataque brutal» a un sector ya muy perjudicado por las medidas de austeridad.
El ejecutivo de Passos Coelho ya ha reducido los salarios de funcionarios y pensionistas este año y ha retirado las pagas de verano y Navidad, con la promesa de devolverlas parcialmente en 2013.
Portugal, sometido a estricta vigilancia de la troika (CE, BCE, FMI) sobre el cumplimiento de los planes de ajuste a cambio del rescate de 78.000 millones de euros recibido, teme no llegar a cumplir su compromiso de reducir este año el déficit al 5% y al 4,5% el año próximo.
