El sábado, un avión de Ryanair con destino a Reus tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona. Este domingo, otro aparato de la compañía con destino a Tenerife ha aterrizado en Madrid por «un pequeño problema técnico» que no se ha explicado.
Los incidentes se suman a otros tres registrados a principios de septiembre, en los que vuelos de la compañía tuvieron que desviarse de su ruta por despresurización de la cabina o falta de combustible en Valencia, Lanzarote y Palma de Mallorca. En las mismas fechas, un avión de Ryanair tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Bérgamo (Italia) y en el aeropuerto de Ciampino (Roma) los pasajeros de un avión de la compañía irlandesa tuvieron que ser asistidos por picaduras de chinches. Según informaciones de prensa, Ryanair acumula en el primer semestre del año, 1.201 quejas, reclamaciones o incidencias, un dato que la compañía califica de falso.
La ministra española de Fomento, Ana Pastor, anunció que está trabajando para modificar el reglamento actual de transporte aéreo para poder actuar contra cualquier compañía extranjera en territorio español. «Este país nunca va a permitir que haya low seguridad», dijo la ministra.
El presidente de Ryanair, Michael O'Leary, denuncia una campaña de desprestigio por parte de las autoridades y asegura que cumple los mismos requisitos de seguridad que el resto de las compañías europeas.
La cuestión está en que, según ha recordado la Comisión Europea, «bajo las actuales leyes europeas de seguridad aérea, la autoridad para revocar una licencia operativa a una aerolínea por razones de seguridad pertenece exclusivamente al Estado en el que ésta está registrada», dijo el portavoz comunitario Dale Kidd.
Ahora, el ministerio de Fomento se ha dirigido al comisario europeo de Transportes, Siim Kallas, y a los responsables de Aviación Civil de Irlanda, a quienes pide una reunión para abordar la conveniencia de reforzar la seguridad aérea, tras la suma de episodios protagonizada por Ryanair.
El secretario de Estado de Transportes, Rafael Catalá, insiste en la idea de que «si las facultades de inspección las tiene atribuidas la autoridad de vigilancia española estaremos más cerca de la resolución de los problemas». Catalá aclara que la seguridad aérea está garantizada y que se trata de reforzarla, con modificaciones en la normativa comunitaria.