La sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha acordado la excarcelación de varias personas condenadas por terrorismo, al considerar que ya han cumplido la pena que se les había impuesto, una vez computado su tiempo de condena en Francia, de acuerdo con una Decisión Marco de la Unión Europea que es vinculante para España.

Ante dichas decisiones judiciales, que están ampliamente motivadas, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como portavoz del Consejo de Ministros, ha atacado con dureza a los magistrados de dicho tribunal. Y determinados medios públicos de comunicación también han arremetido en términos similares contra quienes integran dicha sección y contra otros magistrados de la Audiencia Nacional.

Desde Jueces para la Democracia recuerdan en un comunicado que en un Estado de Derecho son los tribunales independientes los únicos competentes para interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Y que los otros poderes del Estado deben acatar y respetar las decisiones judiciales. Las resoluciones de los tribunales pueden ser valoradas y criticadas, a ser posible con argumentos jurídicos. Pero lo que no resulta aceptable es la descalificación institucional, ni tampoco las presiones para que los órganos judiciales se ajusten a los criterios del poder político. «Con estas actuaciones, el Gobierno está perdiendo los papeles, al atacar la independencia judicial y al olvidar principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional como la división de poderes.»

Jueces para la Democracia añade que «ante las decisiones de los tribunales siempre se pueden ejercer los recursos establecidos legalmente. En cambio, no nos parece admisible erosionar nuestro Estado de Derecho, ni tampoco es ético utilizar el dolor de las víctimas de manera partidista. Por ello, desde Jueces para la Democracia defendemos la independencia de los magistrados de la Audiencia Nacional para aplicar el criterio jurídico que corresponda al caso concreto. Y lamentamos que el CGPJ y su presidente, Carlos Lesmes, sigan sin cumplir sus funciones constitucionales de garantes de la independencia judicial ante una grave injerencia del poder ejecutivo en un asunto sobre el que no tiene competencias.»

El comunicado concluye diciendo que «desde la judicatura no se ha mostrado jamás ninguna comprensión hacia los crímenes terroristas y las resoluciones de la Audiencia Nacional han sido fundamentales en la respuesta penal a estos delitos. Pero, desde nuestra solidaridad hacia las víctimas, debemos recordar que un Estado de Derecho se legitima con el cumplimiento de sus propias reglas. Y también debemos afirmar que una democracia constitucional se debilita cuando el poder político utiliza mecanismos de instrumentalización emocional para atacar las instituciones judiciales. Por ello, reclamamos al gobierno un mayor respeto hacia la actuación independiente de nuestros tribunales.»