El ministerio del Interior ha confirmado que la nueva legislación se presentará probablemente el mes que viene, con ocasión del discurso de la Reina y se centrará en la obligación de que los proveedores de servicios de internet faciliten la información necesaria para que los servicios de inteligencia de la agencia gubernamental GCHQ puedan monitorizar las comunicaciones, sin necesidad de autorización judicial.

Se asegura que no afectará al contenido de los mensajes, pero se podrá identificar a los usuarios y conocer en tiempo real dónde se conecta y cuánto tiempo está conectado. Una iniciativa similar se intentó en 2008 por el gobierno laborista y fue retirada ante las críticas que suscitó, incluidas las de los conservadores.

Ahora las cosas han cambiado. El ministerio del Interior considera que los cambios tecnológicos obligan a «mantener un conocimiento continuo de datos de comunicación en determinadas circunstancias, para proteger al público de delitos graves y del terrorismo.»

Pero ni siquiera en el partido del gobierno están todos de acuerdo. El diputado tory, David Davis, considera que la nueva ley sería «una extensión innecesaria de la capacidad del Estado para espiar a la gente común».

La Asociación de Proveedores de Servicios de Internet ya ha expresado su inquietud por la medida y pide que cualquier cambio en las leyes sea «proporcional y respete la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios». Desde la asociación de defensa de las libertades civiles Big Brother Watch se ha calificado la iniciativa de «paso sin precedentes que hará que el Reino Unido adopte el mismo tipo de vigilancia que China o Irán».