El Ministerio de interior mexicano ha desplegado un amplio dispositivo para vigilar la cumbre, con 2.500 policías federales, varios aviones no tripulados y tres helicópteros Black Hawk. Más de 100 aparatos de vigilancia visionan de cerca el más mínimo movimiento. La seguridad se ha reforzado con cámaras de rayos X y Gamma ubicadas en la carretera transpeninsular, el aeropuerto y en las entradas del municipio.

El control policial también se extiende a las playas del conocido como «corredor turístico» de Cabo San Lucas y San José del Cabo. Las playas están cerradas a los turistas y a los residentes hasta el próximo martes, y la seguridad es extrema en los hoteles que acogerán el encuentro y donde se hospedarán los participantes. En una población de 50.000 habitantes, se calcula que unas 12.000 personas llegarán a Los Cabos, entre delegados gubernamentales, invitados, funcionarios y personal de organismos internacionales.

Estos días miles de personas se han reunido en México D.F. para protestar contra las medidas de austeridad que imponen los países representados en el G-20. Algunos se han acercado hasta San José, pero la polícía vigila de cerca a cualquier sospechoso de pertenecer a los movimientos alternativos. Aunque a diferencia de otras cumbres no está previsto que se lleven a cabo movilizaciones antiglobales.