La economía sumergida representa en España el 23 % del PIB, mientras que en la UE se sitúa en torno al 13 %. Esos diez puntos más de fraude fiscal se traducen en 38.000 millones de euros de ingresos adicionales, que se evaporan en un año.
Los datos son de un informe difundido por la Unión General de Trabajadores, en el que demuestra las diferencias de España con la UE y denuncia la escasez de medios para combatirlo. La UGT propone modificar los sistemas de control del fraude, potenciar los recursos materiales y humanos en las distintas administraciones tributarias y lograr una organización más eficaz en la lucha contra la evasión fiscal.
La insuficiencia del personal encargado del control fiscal es claramente insuficiente. Sólo 95 funcionarios supervisan a 30.000 grandes empresas que facturan más de 6 millones de euros. En total, según UGT, para controlar a 17 millones de declarantes de IRPF, casi tres millones y medio de empresarios y profesionales, más de 2 millones de sociedades y 1,8 millones de entes jurídicos apenas hay 1.600 inspectores, de los cuales la mitad son cargos directivos y no hacen gestión directa.
Para evitar que más de 240.000 millones de euros escapen al pago de impuestos, como ocurre ahora, la Unión General de Trabajadores propone un profundo análisis de la economía sumergida en España para poder diseñar las medidas oportunas, una mayor coordinación de las distintas administraciones tributarias y, sobre todo, desarrollar una importante labor de conciencia social para romper con el criterio generalizado de que los que más defraudan están impunes. euroXpress
