A pesar de los denodados esfuerzos de las autoridades sanitarias y los medios de comunicación españoles por tranquilizar a la población en relación al descubrimiento de carne de caballo sin etiquetar en productos destinados al consumo humano, finalmente, el Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, confirmaba ayer la detección de ADN equino en canelones etiquetados como «carne de vacuno» de «La Cocinera», marca del grupo Nestlé. El Ministerio español insiste en que se trata de un caso de fraude en el etiquetado pero que no entraña riesgos para la salud y que se ha informado ya a las comunidades autónomas y a las empresas afectadas.
Casi en paralelo, el consejo regulador checo confirmaba, también, que hay carne de caballo en las famosas albóndigas suecas comercializadas por el grupo IKEA, que inmediatamente las ha retirado del mercado como ya ha hecho en 13 países europeos desde hace un mes, cuando encontraron en Irlanda las primeras trazas de carne sin identificar.
Con estos mimbres, Bruselas enfrentaba ayer una de las reuniones de ministros de Agricultura más tensas desde el caso de las «vacas locas» en la que han abordado esta crisis. En la reunión, el comisario de Salud y Consumo, Tonio Borg, ha pedido que «los gobiernos europeos impongan sanciones estrictas» a los responsables del fraude, incluso la suspensión de las licencias de trabajo. Borg ha reiterado que «no se trata de un problema de seguridad pública», sino de un caso de «fraude por razones lucrativas» favorecido por el mercado único.
Entre los Estados miembros hay discrepancias sobre el tipo de medidas necesarias. Mientras que Francia reclama normas más exigentes en el etiquetado para que siempre aparezca el origen de los productos transformados, España, de momento, no lo ve necesario y, según su Ministro «hay que hacer caer todo el peso de la ley sobre los que han infringido los procedimientos y no tanto aprovechar la ocasión para hacer cambios de normas, cuando la normativa comunitaria permite seguir la trazabilidad perfectamente y garantiza que los consumidores estén protegidos».
Por su parte, el Ministro de Agricultura irlandés, Simon Coveney, cuyo país ostenta la presidencia semestral de la UE ha propuesto generalizar y normalizar los análisis de ADN para todos los productos cárnicos de la UE.
La patata caliente o lo que dicen las empresas responsables
Las marcas con productos retirados del mercado apuntan a sus proveedores como origen del problema y muestran su indignación. Una de las primeras firmas afectadas, Findus, pidió explicaciones a su proveedor francés, Comigel, que a su vez dijo que la carne en cuestión procedía de Rumanía, miembro de la UE.
«Este es un problema que afecta al conjunto de fabricantes de la industria alimentaria. Se trata de un fraude de dimensión europea. Esta es una situación inaceptable», ha dicho en un comunicado la empresa de origen suizo Nestlé España, con el que pide disculpas a los consumidores y asegura que seguirán haciendo análisis.
Nestlé ya tuvo que retirar la semana pasada en España e Italia dos productos de pasta fresca etiquetados como vacuno y con presencia de carne de equino y ahora varios productos de «La Cocinera» (canelones, empanada de carne, relleno de carne y gratín de berejenas). Según la empresa, se fabricaron con una partida de carne suministrada por el proveedor Servocar (Toledo) que certificaba dicha materia prima como 100% vacuno, por lo que Nestlé ha decidido dejar de comprarle y actuar legalmente.
Servocar, en su correspondiente comunicado, asegura que Nestlé no se ha puesto en contacto en ningún momento con ellos para confirmar que la carne de caballo encontrada en sus productos tras los análisis de muestras realizados provenga de su empresa. Añade, además, que como proveedor de Nestlé desde hace más de 25 años puede asegurar que «sólo suministra piezas enteras (delantero de vacuno deshuesado)» y que ya ha realizado «voluntariamente» análisis a todo su stock sin encontrar rastros de equino en ninguno de sus lotes.
Por su parte, la Confederación de Organizaciones Empresariales del Sector Cárnico en España (Confecarne) hace hincapié en que este incidente «no entraña ningún riesgo para la salud» por el consumo de los productos sino que se trata únicamente de un «etiquetado incorrecto», aunque subraya que es «inaceptable» para la industria cárnica estas prácticas.
Carne de caballo buena... si está identificada
La carne de caballo es habitual y muy apreciada en los mercados de Italia, Francia o Bélgica por ser muy magra, proteínica y con gran cantidad de Omega3, de ahí que se dé tradicionalmente a enfermos convalecientes y niños. Sin embargo, siempre tiene que tratarse de carne identificada, analizada y autorizada para el consumo humano.
Dentro del plan europeo pactado para los 27 en el que se incluyen los test para rastrear en todos los países trazas de ADN de caballo también se incluyen las pruebas para detectar la presencia de fenilbutazona, un analgésico de uso animal para tratar las articulaciones de los caballos que también se usa como medicamento para humanos en casos de artritis o gota, pero en ningún caso está permitido que entre en la cadena alimentaria. Es más, tanto en EE.UU. como en Reino Unido está prohibido ya que puede ocasionar efectos secundarios como la anemia o el descenso de leucocitos.
Aunque el riesgo de un efecto secundario grave es de 1 entre 30.000, la cuestión es otra... ¿cuánto tiempo y en qué condiciones se han podido estar «colando» tanto la carne de caballo como otras sustancias en la cadena alimentaria? El entramado de mataderos, intermediarios, proveedores y distribuidores finales favorecido por la globalización es suficientemente basto y complejo como para hacer imposible una respuesta directa o para negar rotundamente el riesgo de adulteración (ya sea por negligencia o porque alguien intente defraudar ofreciendo productos más baratos como algo que no son)... Sin embargo, la pregunta es útil para llevarnos a otra reflexión relacionada con si sabemos lo que comemos.
La paradoja es que en estos momentos tenemos más información que nunca sobre lo que ponemos en la mesa, pero no tenemos ni idea de lo que nos llevamos a la boca y son los propios consumidores los que deberían reclamar garantías tanto en etiquetados finales como en las fases intermedias de procesado. Es más, son los propios consumidores quienes deberían replantearse el consumo abusivo de productos procesados que, en apariencia más baratos, están resultando fatales para los índices de obesidad, cáncer y diabetes. Sería una lectura positiva del escándalo que galopa por Europa.
