Los europarlamentarios repudian los crímenes cometidos en México y exigen su investigación. También se expresa la profunda preocupación por la «aparente infiltración del crimen organizado en los organismos locales policiales y administrativos».
El 26 de septiembre seis personas, tres de ellas estudiantes, fueron asesinadas por la policía de Iguala cuando se manifestaban. Desde entonces siguen desaparecidos 43 estudiantes que, según varias fuentes, habrían sido capturados por los agentes y entregados a hombres armados vinculados a un cártel de la droga.
Asimismo otros 28 cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas cerca de la ciudad. Hasta el momento se ha detenido a 51 personas relacionadas con los crímenes, entre ellos al jefe de la banda delictiva Guerreros Unidos. El alcalde de Iguala, su esposa y el jefe de la policía se encuentran fugados y están acusados de tener relación con este cártel.
El Parlamento acoge con satisfacción la determinación del presidente Peña Nieto para investigar estos sucesos y «poner fin a la violencia relacionada con las bandas en México» e insta a los Estados miembros de la UE a que aumenten el apoyo a México para defender los derechos humanos a través de programas y recursos financieros y técnicos.
Tonio Borg, el comisario europeo de Salud, declaró en nombre de la Comisión Europea que «México es un socio muy valioso para la UE». «La comunidad internacional tiene que unir sus fuerzas con México para ayudar a este país en la lucha contra la delincuencia organizada y contra la impunidad», añadió.
Todos los grupos políticos se han sumado a la condena y han expresado sus condolencias a las familias y su solidaridad con el pueblo mexicano. Asimismo manifiestan su preocupación por el clima de violencia e impunidad en México y su apoyo al gobierno del país en la lucha contra el crimen organizado.
«Tenemos que alzar una voz de profunda condena de estos crímenes y ofrecer ayuda a las autoridades mexicanas para afrontar el reto de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción que generan que haya personas que utilizan las instituciones en beneficio propio», dijo la eurodiputada española Teresa Jiménez Becerril (PPE), una de las autoras de la resolución.
Por su parte, Javier Couso (GUE/NGL) ha recordado que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, «el 98 % de los delitos quedan impunes» en México, el país en el que más periodistas son asesinados del mundo y donde hay registrados 22.000 desaparecidos.
En la misma línea, Ernst Urtasun (Verdes/ALE) señaló que «este crimen atroz se añade a un clima de impunidad creciente», pidió el retorno de los desaparecidos y exigió al gobierno de Peña Nieto «que acabe con el clima de impunidad adoptando medidas para una investigación seria».
«El gobierno tardó en reaccionar, pero se ha puesto al frente y su incuestionable defensa del estado de derecho, el cumplimiento de la ley y la búsqueda de los responsables debe ser respaldada por la UE», apuntó en este sentido la eurodiputada Beatriz Becerra (ALDE).
Ramón Jáuregui (S&D), por su parte, afirmó que el objetivo de estas resoluciones no es «cortar el diálogo político de Europa con México», sino que el país obtenga de estos sucesos «un nuevo impulso para modernizar, mejorar, dar más democracia y libertad» a los ciudadanos.
