El acoso de los mercados sobre la deuda española ha obligado al Eurogrupo a concretar cuestiones del rescate bancario de España y, tras nueve horas de negociaciones, la pasada madrugada, anunciaban un acuerdo político sobre el memorándum de entendimiento sobre las condiciones para el sector financiero español.

Los ministros de la eurozona prevén cerrar el acuerdo el próximo 20 de julio, pero se anuncia ya la movilización de 30.000 millones de euros a finales de mes, como «contingencia». La cantidad final que necesitará el sector financiero español no se conocerá hasta septiembre, cuando se sepa el resultado de la evaluación de las carteras crediticias de la banca española que el Gobierno encargó a las cuatro auditoras PwC, Deloitte, Ernst & Young y KPMG y se hagan las pruebas de resistencia a 14 grupos bancarios españoles, que representan el 90% de los activos.

Anoche sí se avanzó que el plazo de devolución del préstamo será de hasta 15 años, con una media de 12,5%, y los intereses estarán entre el 3% y el 4%. Cuando se conozcan las cantidades exactas de recapitalización, se creará un «banco malo», es decir, habrá una «segregación de activos» en los bancos que reciban ayudas públicas.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha mostrado satisfecho por el acuerdo: «Vamos a tener un préstamo a un plazo larguísimo, con un periodo de gracia muy largo, con unos tipos de interés muy reducidos, que va a permitir sanear de una forma muy importante y muy profunda la banca española...Garantizará en última instancia la solvencia y las posibilidades de volver a conceder crédito en el sistema bancario español».

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha señalado que el rescate bancario tendrá condiciones para la banca y para el conjunto del sistema financiero . Además, España tendrá que «cumplir plenamente» sus obligaciones por déficit excesivo y las recomendaciones específicas por país.

Recomendaciones de Bruselas que deben entenderse como obligaciones y que el gobierno tendrá que cumplir en cualquier caso, como ya avanzó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al anunciar una subida inmediata del IVA. Montoro subrayó que «tenemos una presión fiscal en España que es la más baja del mundo desarrollado» y que desde 2007 ha disminuido la recaudación en 70.000 millones de euros. «Estamos en un tránsito hacia una fiscalidad menor para el trabajo y mayor en el ámbito indirecto», dijo el ministro, calcando la «recomendación» de la Comisión Europea.

Los ministros de la eurozona acordaron también conceder una prórroga de un año a España para reducir su déficit público.