Enmarcada dentro de la estrategia comercial establecida por la Unión Europa a finales de los noventa, esta alianza genera una división entre los representantes del gobierno y empresarios, quienes la consideran con entusiasmo, y las organizaciones sociales y sindicales que la critican severamente.

La defensa del tratado de libre comercio

Ante las críticas de portavoces sindicalistas y sociales que denuncian la falta de garantías para la firma del TLC, el embajador ha esbozado un balance de los últimos años con un tono notablemente positivo. Sus primeras palabras han hecho referencia a la crisis de valores que atravesaba Colombia antes de la llegada de Uribe, subrayando los 100.000 desplazados anuales, los atentados en diversos locales de grandes ciudades, el secuestro de la senadora Bethancourt y el proceso frustrado de paz legado del presidente Pastrana. También ha comentado que, ocho años atrás, los colombianos consideraron que Álvaro Uribe era el presidente adecuado porque ofrecía un discurso resolutivo frente a los atentados contra el derecho de vivir.

La mejora de la situación es evidente, así lo ha asegurado el embajador y, con la misma confianza, ha presentado la situación actual del país que, aunque más apacible que unos años atrás, sigue siendo inquietante. Los 25.000 homicidios anuales han bajado a un nivel de 15.000. Además, esa reducción de la violencia se ha visto doblada de una consolidación del bienestar. «Aún así, sabemos que queda mucho por hacer», ha comentado Augusto García, y, efectivamente, muchos frentes permanecen abiertos. No obstante, ¿si ambas partes coinciden en el hecho que la situación es altamente peligrosa y que existen ciertas mejoras, qué es lo que causa la divergencia entorno al TLC?

Críticas e inquietudes de las plataformas sociales

El motivo de la violencia en Colombia es quizás el principal elemento que explique las divergencias con respecto a la firma de un tratado. Mientras que el embajador considera que el negocio del narcotráfico es el causante directo de la prolongación indefinida del conflicto, los organismos sociales apuntan a las inversiones de las transnacionales. En su intervención, Augusto García ha dejado claro que no comparte la idea según la cual la violencia se localiza en las zonas de grandes inversiones empresariales. «La violencia está donde se invierte en droga», ha insistido. Así pues, el distanciamiento de las posturas en la mesa de discusión ilustra el tamaño de las divergencias en el terreno.

Por su lado, los movimientos sociales de Colombia (representados por la señora Aura Rodríguez), han señalado los principios básicos que considera la Unión Europea para ratificar tratados bilaterales (la paz, la garantía de los derechos humanos, la estabilidad y la buena gobernanza) y ha denunciado la precaria situación del país sudamericano. Según ellos, el tratado es incompleto, se enfoca esencialmente en determinantes económicos y pasa por alto cuestiones esenciales como el derecho laboral o la inmigración.

¿Un Tratado de libre comercio para qué?

Habiendo expuesto la situación de su país, el embajador ha formalizado el deseo del ejecutivo colombiano de firmar con Europa un tratado que, no sólo se centre en asuntos económicos, sino también en derechos sociales. «Esto permitirá un crecimiento social», ha destacado el funcionario. También ha manifestado las aspiraciones del gobierno colombiano para que España se transforme en el país europeo que más le apoye. Seguro de los beneficios del acuerdo, Augusto García ha declarado que, con su firma, el problema de Colombia no va a empeorar. «La mejor manera de crecer es integrándonos [en la economía mundial]. Con el aislamiento no vamos a mejorar.»

Cuestionado sobre si Colombia cumple los requisitos para un acuerdo de libre comercio, el embajador ha respondido que el gobierno actual se ha caracterizado por una política de apertura, transparencia y cooperación internacional. Un ejemplo de esa apertura son las 23 agencias de observación de Naciones Unidas establecidas actualmente en el país. También ha destacado el aumento de la pena del homicidio de sindicalistas. «Toda esta política muestra resultados notables en la seguridad y contra los secuestros y homicidios», ha afirmado el embajador en funciones. Johari Gautier Carmona para euroXpress