ICAN, es una coalición de 286 organizaciones no gubernamentales de 68 países que trabajan por la desaparición del arsenal nuclear del planeta, se ha comprometido a ir más allá de la retórica e invita a gobiernos sensibles al tema a que tome medidas concretas. Con ese fin prepara un foro internacional de la sociedad civil que se celebrará el 2 y 3 de marzo en Oslo, al que seguirá una conferencia de expertos sobre la amenaza nuclear militar, organizada por el gobierno de Noruega con el apoyo de otras 16 naciones.

«Funcionarios de países con armas atómicas nos dicen constantemente que no es posible cumplir con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TPN) en términos prácticos», dice la coordinadora de ICAN para Europa, Medio Oriente y África, Arielle Denis, en rueda de prensa el pasado sábado 26 en Estambul.

«Nuestra postura es que hay antecedentes de tratados internacionales que llevaron a la prohibición de otras armas letales. Si la comunidad mundial logró prohibir las minas terrestres y las bombas de racimo, también podrá con las armas nucleares», explica.

La coalición de organizaciones sostiene que cualquier país, aun los que tienen armas atómicas, pueden ser objeto de un ataque nuclear en el nuevo contexto geopolítico, que alienta la proliferación de los estados díscolos y de organizaciones terroristas. «Aunque no se han utilizado bombas atómicas desde 1945, el ciberterrorismo hace realista la posibilidad de la explosión de una ojiva nuclear», observa Denis.

El principal aspecto de la estrategia es la cuestión humanitaria que plantearía una detonación nuclear, una sola. ICAN publicó un informe en 2012 sobre los daños inmediatos y a largo plazo en las poblaciones locales. Las ondas de un estallido se desplazan cientos de kilómetros en una hora y son letales para quienes están cerca de la detonación, que suelen vaporizarse por la intensa presión y el calor. Más lejos, las víctimas padecen la falta de oxígeno y el exceso de monóxido de carbono, daños pulmonares y auditivos y hemorragias internas.

Pero las consecuencias de la radiación se sienten a distancias aun mayores. Esto afecta a la mayoría de los órganos del cuerpo con consecuencias que duran décadas y con alteraciones genéticas para las víctimas y sus descendientes. Ese análisis coincide con estudios realizados por el gobierno de Estados Unidos e instituciones de investigación durante los años 70 y la última década.

En caso de un ataque nuclear en el que estén involucrados tres misiles de potencia media contra una base de misiles balísticos intercontinentales en «el cinturón agrícola» de Estados Unidos, que abarca la región centro-norte, se calculó que podría haber entre 7,5 y 15 millones de muertos y entre 10 y 20 millones de personas gravemente heridas.

El aspecto humanitario de la población superviviente sería prácticamente imposible de manejar, pues la radiactividad existente obligaría a reubicar a unos 40 millones de personas lo más lejos posible. La reubicación llevaría de varias semanas a años.

El «cinturón agrícola» de Estados Unidos es una zona rural. Europa tiene el triple de la densidad de población que Estados Unidos, y una detonación nuclear tendría un impacto humanitario mucho más catastrófico.

La ICAN se basa en el TPN, suscrito el 1 de julio de 1968 en Nueva York y gradualmente ratificado por 189 estados, entre los que no están ni India ni Pakistán ni Israel. Su validez fue ampliada por tiempo indefinido en mayo de 1995.

Los países signatarios están divididos por estados nucleares y no nucleares. El primer grupo está integrado por China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia, los mismos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El artículo VI del TPN alienta a las partes a celebrar «negociaciones de buena fe sobre medidas efectivas relativas al cese de la carrera de armas nucleares cuanto antes y al desarme nuclear», y «sobre un tratado de desarme general y completo bajo un estricto y efectivo control internacional». «El desarme debe ser general y completo», puntualiza Denis. «En los años 90 hubo cierta ambigüedad en el TPN al respecto, pero el derecho internacional lo aclaró, y todos los estados signatarios deben comenzar negociaciones para desmantelar sus armas nucleares».

Estados Unidos siempre interpretó que ese artículo no era obligatorio para las partes. Pero la Corte Internacional de Justicia declaró el 8 de julio de 1996: «existe una obligación de buscar de buena fe y lograr negociaciones que lleven a un desarme nuclear en todos sus aspectos bajo un estricto y efectivo control internacional».

La falta de una clara voluntad de los estados nucleares de sentarse en la mesa de negociaciones alentó a organizaciones de la sociedad civil, que conforman la ICAN, a concienciar a ciudadanos y dirigentes políticos del mundo sobre la amenaza que representa mantener arsenales atómicos.

La cantidad de ojivas nucleares se redujo de forma drástica tras el fin de la Guerra Fría, a principios de los años 90, de 60.000 a 19.000, pero a la ICAN le preocupan las continuas mejoras tecnológicas de esas armas.

El gasto nuclear en Estados Unidos ascendió a 61.300 millones de dólares en 2011, un 10 por ciento más que el año anterior. Los nueve países que se sabe, o se sospecha, tienen armamento nuclear aumentaron en un 15 por ciento su gasto en el mismo periodo, que asciende a 105.000 millones de dólares.

Desde 1958, Israel adoptó una política de no confirmación y no negación sobre su arsenal nuclear. «El nivel de gasto es un fuerte indicio de que los países con armas nucleares no tienen intenciones de deshacerse de ellas en breve», alerta Denis.

«Los gobiernos de esos estados dicen que desmantelarán sus arsenales en cuanto los otros hagan lo mismo. Es un círculo vicioso sin fin», se lamenta.