Manuel Valls es un ministro acostumbrado a actuar en contra de su propio partido, pronunciando discursos polémicos sobre la seguridad y la inmigración a riesgo de provocar el malestar en sus propias filas. Inició la polémica con el asunto de los recibos que entregaba la policía a los inmigrantes tras los controles de identidad y con las expulsiones de gitanos este verano.

De hecho, el pasado miércoles, la apertura de las jornadas parlamentarias socialistas en Dijon se dedicó en su mayor parte a las declaraciones que había hecho el ministro expresando su escepticismo sobre la inscripción en la Constitución francesa el derecho al ejercicio del voto de los extranjeros.

Este jueves, parecía que Manuel Valls había decidido entrar en vereda al asegura que el compromiso del presidente Hollande para autorizar el voto de los extranjeros no originarios de la Unión Europea se debía mantener. Tras la polémica, el ministro del Interior aboga ahora por cumplir las promesas del presidente. Además, ha confirmado que tiene la intención de seguir la línea política del gobierno al que pertenece sobre este asunto pero comentó también que para que esto se lleve a cabo en las mejores condiciones no hace falta precipitarse y en primer lugar hay que convencer a los franceses.

El primer ministro francés Jean-Marc Ayrault por su parte, ha prometido un proyecto de ley para 2013 aunque por ahora no está en el orden del día del parlamento. Así lo confirmó el pasado martes en la emisora de radio francesa France Inter la ministra de vivienda Cécile Duflot quien ha asegurado que este compromiso estará cumplido en 2013.

Fue una de las 60 promesas de la campaña de Hollande: otorgar el derecho de voto en las elecciones locales para los extranjeros que lleven 5 años residiendo en Francia de manera legal. Cuatro meses después de la elección, los desacuerdos han comenzado a aparecen en el seno del partido mayoritario.

La cuestión es muy sensible y recurrente desde hace años. Surgió por primera vez en 1981 con el presidente socialista François Mitterand. Desde entonces, los socialistas han querido llevar a cabo la reforma sin conseguirlo. Hay que notar que la implementación de esta medida exige una modificación del artículo 3 de la Constitución francesa que precisa que pueden ser electores los nacionales franceses mayores de edad.

La reforma necesita una validación por parte de las tres quintas partes de los parlamentarios (Asamblea + Senado). Ahora bien, la izquierda dispone de 523 miembros en la Asamblea y en el Senado sobre un total de 925 diputados y senadores. Es obvio que le faltan votos a los socialistas para llevar a cabo esta reforma. Tendrán que buscarlos entre los partidos del centro y aun entre los partidos de derecha.

A ese respecto, la declaración de Manuel Valls intenta aclarar su posición y acabar con todas las dudas. Quiere demostrar que a pesar de todo, no se aparta de la política oficial del gobierno. Algo que ocurre tras el llamamiento de los 75 parlamentarios socialistas en el periódico francés Le Monde, a favor de la reforma e incitando el presidente Hollande a cumplirla lo antes posible.

Por cierto, el partido de derechas UMP que no deja de criticar a Manuel Valls diciendo que implementa una política derechista, reclama un referéndum en lugar de un voto del parlamento.

Durante la campaña presidencial, François Hollande había considerado la opción del referéndum pero en estos momentos correría el riesgo de que se convierte en un voto de castigo. Otro peligro sería una posible fragmentación de la sociedad francesa en un contexto de muy fuerte de crisis y tras la polémica de las caricaturas que reavivan el enfrentamiento entre las religiones.

De hecho, Jean-François Copé incita al presidente de la República francesa a aclarar sus intenciones en un momento en que se multiplican las prácticas comunitarias según él. François Fillon por su parte pide al presidente que aparque este proyecto.

En cuanto a los franceses, es preciso señalar que ha habido un cambio de opinión sobre este sensible asunto. Según una encuesta IFOP publicada el pasado miércoles, solo un 39 % de los franceses están a favor del voto de los extranjeros no europeos en las elecciones locales frente al 55 % en diciembre de 2011.

Este cambio en la opinión francesa se podría explicar con la crisis, el caso Merah o sin ir más lejos, la preocupación tras la película Innocence of Muslims que no deja de generar tensiones.

En realidad, son pocos los franceses que niegan el derecho a un inmigrante que lleva muchos años en Francia a formar parte del proceso democrático pero el verdadero bloqueo radica en la noción de elegibilidad es decir aceptar que un extranjero ocupe cargos electos. Se añade también el miedo de un voto comunitario o religioso. Teniendo en cuenta el contexto actual en Francia, es imprescindible que el gobierno tenga cuidado para descartar una posible confusión entre el voto de los extranjeros y los temas de integración o de la comunidad musulmana.

Claramente, el gobierno tiene que anticipar las consecuencias de la implementación de esta ley. El argumento principal en contra del voto de los extranjeros radica en la voluntad de no tocar la unidad nacional del país ya que muchas políticas de integración fracasan y este es el argumento de los que están a favor de la medida: reactivar los efectos positivos de la integración.

Pero quizá la verdadera pregunta tendría que ser al respecto de la pertinencia de la medida. En efecto, una persona tiene que esperar 5 años antes de pedir la nacionalidad francesa y obtener así el derecho al voto en las elecciones aun en la del presidente de la Republica, la más importante. La medida prometida sería entonces no más que un estatus intermedio en el proceso de ciudadanía.

Con todo, Francia no es el último país de Europa que discute sobre el voto de los extranjeros. Suecia (en 1975), Dinamarca (en 1981), Holanda (en 1983), Luxemburgo (2003) y Bélgica (2004) han otorgado el derecho de voto a los extranjeros en las elecciones municipales.

Gracias a una ley aplicada por primera vez en 1999 pero que se remonta al tratado de Maastricht de 1992, Francia autoriza los residentes de la Unión Europea a votar en las elecciones municipales. Sin embargo, no están autorizados a ser alcalde o teniente de alcalde ni participar en las elecciones de los senadores. Por su parte Alemania, Austria, Italia, Bulgaria, Chipre, Grecia, Letonia, Malta, Polonia, Republica Checa, Rumanía y Eslovenia no han otogaron el derecho de voto. Otros Estados miembros como Estonia, Finlandia o Eslovaquia admiten este voto con la condición de vivir en el país desde hace unos años (entre 2 y 5 según los países). Luxemburgo, Finlandia y Holanda también reconocen la elegibilidad.

España y Portugal, tienen un sistema distinto que se basa en la noción de reciprocidad. Es decir, que los dos países reconocen el derecho de voto para los ciudadanos de países que también permiten a los españoles y portugueses votar. En cuanto al Reino Unido, las mismas leyes se aplican a los nacionales y a los ciudadanos de la Commonwealth pero por ahora, el país no tiene la intención de otorgar este derecho a otros extranjeros no comunitarios.