Los ministros de Economía de la UE han llegado a un principio de acuerdo sobre las sanciones que se impondrán a los Estados miembros que sobrepasen el límite del 3% del PIB en su déficit público. El incumplimiento se castigará con un 0,2% de su PIB, porcentaje que, en el caso de España, supondría 2.000 millones de euros.

El pacto ha sido posible sólo suavizando la propuesta original de la Comisión Europea. Ya no habrá sanciones automáticas, sino que se dan plazos para corregir problemas y se deja la decisión política de sancionar en manos de los propios ministros.

Habrá un aviso en cuanto se detecten posibles desequilibrios, de acuerdo a unos indicadores previos. Si no se hacen los ajustes requeridos, se obligará al Estado señalado a bloquear un depósito equivalente al 0,2% de su PIB, que generará intereses. Si se sobrepasa el 3% de déficit sin haber tomado las medidas exigidas, el depósito se convierte en multa y se le retirarán los intereses.

Además se tendrá en cuenta el límite de deuda previsto en el Pacto de Estabilidad del 60%. Si en tres años, los países que lo superen no consiguen reducir la diferencia en un veinteavo, también serán castigados. Igualmente los desequilibrios excesivos, por ejemplo, las burbujas inmobiliarias, se sancionarán con un 0,1 % del PIB.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha calificado de «reforma histórica» el acuerdo. Francia lo considera un «gran avance hacia el gobierno económico europeo»y España agradece la «flexibilidad» de la UE con países descentralizados y considera lo acordado una buena medida par a«luchar contra la inestabilidad financiera».

Contra los halagos, se alza una voz autorizada. El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, ya lo había dicho y lo ha repetido:«continuamos pensando que esta mejora de la gobernanza es insuficiente para extraer las lecciones de la crisis». Trichet defiende que las multas sean automáticas sin dar a los países incumplidores más oportunidades. Considera que no se corrigen del todo las debilidades actuales y pide que el acuerdo se endurezca en su siguiente trámite en el Parlamento Europeo.

La UE espera que salga adelante y esté en marcha en junio, de forma que el nuevo sistema de sanciones se pueda aplicar cuando se examinen los presupuestos nacionales de los Estados para 2012.