En España, el copago levanta rechazos generalizados bajo la idea básica de que la sanidad pública ya se paga con los impuestos. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha salido al paso de informaciones que prevén la introducción del copago en el sistema sanitario español y ha dicho que es un tema que «no se ha abordado ni está en la mesa del consejo de ministros». Sin embargo, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, mostró su sospecha de que el gobierno del PP haya decidido implantarlo en todas las comunidades donde gobierna.
Es un hecho que las autonomías españolas, competentes en Sanidad, han ido aumentando el déficit en el sector hasta hacer difícil su financiación sin recortes o sin ingresos añadidos. Las exigencias de Bruselas para reducir el déficit público han hecho mella y se cierran las vías para garantizar una asistencia sanitaria de calidad, teniendo en cuenta además que el gasto sanitario español no llega a la media comunitaria, que está un poco por encima del 7% del PIB. Cataluña ha abierto la veda, al aprobar el Parlament el cobro de un euro por cada medicamento con un precio superior a 1,67 euros, del que quedan exentos solo los beneficiarios de renta mínima de inserción y quienes reciben una pensión no contributiva.
La mayor esperanza de vida en Europa, los costes sanitarios, el mercado laboral y la crisis económica obligan a replanteamientos y la OCDE ha recomendado a todos los países que reformen sus sistemas de financiación para hacerlos más eficientes. Desde Bruselas, esa misma petición se incluye repetidamente en las recomendaciones o exigencias de consolidación fiscal.
Los defensores del copago sanitario argumentan que la medida es efectiva en el ahorro del gasto sanitario y que modera el abuso de la asistencia sanitaria pública y el despilfarro. Sus detractores creen que es una medida injusta porque así se dificulta el acceso de las clases menos favorecidas a la sanidad pública, además de originar gastos añadidos.
Lo cierto es que la idea ha ido calando en la mayoría de los países de la UE y el copago se ha ido introduciendo de una forma u otra. Solo en el Reino Unido se mantiene la gratuidad de la sanidad. Las medicinas también son gratis en Escocia, Gales e Irlanda del Norte. En Inglaterra se paga una tarifa única de unos 9 euros.
Alemania ha introducido este año una novedosa fórmula de copago, por la cual el paciente paga 10 euros en la primera consulta del trimestre y eso le da acceso a acudir cuantas veces necesite a los centros médicos o realizarse todo tipo de pruebas. Por los ingresos hospitalarios se pagan otros 10 euros diarios. El copago por los medicamentos puede llegar hasta los 10 euros también. Está exenta la asistencia pediátrica.
Francia ha reformado también su financiación sanitaria y ahora se pagan diferentes porcentajes del precio de la receta, según su gravedad, y un euro por cada acto médico, excepto para los menores de 16 años.
En Italia se paga un porcentaje de las medicinas, excepto para menores de 6 años y mayores de 65, y otro del coste de las visitas a especialistas, entre 15 y 20 euros, y las pruebas médicas, con diferencias en la cantidad, dependiendo de las regiones. Por urgencias no justificadas hay que abonar 25 euros.
En Portugal se pagan hasta 5 euros por prestación médica, algo más por ingreso hospitalario, excepto embarazadas, menores, jubilados enfermos crónicos: y 8 euros por asistencia en urgencias.
En Bélgica, Austria o Suecia también está implantado el copago con diferentes porcentajes sobre acto sanitario en función de las rentas del paciente.