El presidente Basescu fue suspendido de sus funciones el pasado 6 de julio, acusado de violaciones graves de la Constitución, y su continuidad fue sometida a referéndum, en el que, según certificó la oficina electoral, solo participó el 46% del censo, aunque el 88% de los que votaron lo hicieron a favor de su destitución.

Para que la consulta fuera válida era necesario el voto del 50%, por lo que Basescu se sintió respaldado por la población rumana. El primer ministro, Victor Ponta, sin embargo, exigió la dimisión del presidente, al considerar que había perdido toda la credibilidad y enseguida quedó suspendido de sus funciones por la mayoría parlamentaria de centro-izquierda.

Ahora el Tribunal Constitucional ha invalidado la consulta, por seis votos contra tres, por no contar con la participación de la mitad más uno de los inscritos, pero no ha hecho ninguna valoración ni comentario. La decisión obligará a devolver sus poderes al centroderechista Basescu y al gobierno de centro-izquierda a cohabitar con él.

La Unión Europea ha seguido de cerca el proceso y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, había mostrado públicamente su preocupación por la situación política rumana, así como por las informaciones que se difundieron sobre presiones a los jueces del Tibunal.

En la evaluación que Bruselas ha hecho sobre la permanencia de Rumanía en la UE desde hace cinco años, se exige al gobierno que demuestre «el compromiso con las indispensables bases fundacionales del Estado de derecho y la independencia judicial».