Informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa
«Los niños se han visto desproporcionadamente afectados por los recortes en los presupuestos sociales, de salud y educativos, y la disminución de las prestaciones familiares ha conducido a que algunos vivan en la indigencia y tengan problemas de nutrición».
Así empieza el informe que ha realizado el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, sobre las repercusiones sociales de los recortes en España. Preocupa especialmente la situación de los menores que han sido desalojados de sus viviendas. El informe recoge las impresiones del Consejo de Europa tras la visita de Nils Muižnieks, entre el 3 y el 7 de junio.
El comisario ha pedido al gobierno que antes de un desahucio que afecte a menores, «se cercioren de que hay un alojamiento alternativo, adecuado y asequible, y que éste se proporcione en casos de desahucios de familias con hijos, independientemente de su edad». También pide que la pobreza de una familia no se considere motivo suficiente para separar a los niños de su familia. De hecho algunas organizaciones humanitarias han constatado que muchas familias no piden ayudas por temor a perder la patria potestad.
Precisamente, una de las máximas preocupaciones recogidas en el informe de esta institución paneuropea es la reducción de las ayudas familiares. En Cataluña se redujeron un 75% en 2011 y en Andalucía se han cerrado centros de protección de menores en situación de riesgo, aunque destaca que en 2013 la Junta de Andalucía añadió una partida de 120 millones de € para ayudas alimentarias. Las subvenciones para comidas escolares han disminuido entre un 30 y un 50 por ciento en varias comunidades, lo que ha aumentado la malnutrición de muchos menores.
El Comisario avisa de que «los recortes efectuados en presupuestos sociales, educativos y de salud han conducido al preocupante incremento de la pobreza de las familias en España». También destaca que los recortes masivos y de financiación en sanidad, así como la instauración del copago «han tenido un impacto desproporcionado en el acceso de los niños a la atención sanitaria».
Según constató en julio, «el gasto social per cápita en España era tradicionalmente bajo «incluso antes de la crisis» por lo que las personas que corrían un alto riesgo de caer en la pobreza entonces, se han beneficiado de unas ayudas muy limitadas. Los recortes, señala en su informe, en los presupuestos de educación de los tres últimos años habían disminuido entre un 14,4% y un 21,4%, con los consecuentes «efectos en la igualdad de oportunidades y en el principio de la educación excluyente».
En su informe Nils Muižnieks destaca las mejoras introducidas para proteger los derechos de las personas con discapacidad, pero expresa su «inquietud por las repercusiones sumamente desfavorables que sufre este colectivo a causa de los recortes. «Las autoridades españolas deberían evaluar los efectos de los recortes presupuestarios en las personas con discapacidad y ajustar las políticas, con el fin de garantizar la existencia de recursos adecuados que permitan a estas últimas acceder a la educación y al empleo». Estas medidas de austeridad, dice, están empeorando las condiciones de vida y disminuyendo las oportunidades de inclusión social.
En ese sentido se lamenta que las personas con discapacidad intelectual no reciben ni la formación, ni el asesoramiento, ni la ayuda adecuados para ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones. También el informe hace referencia a la educación del colectivo de discapacitados, donde refleja que la reducción en el número de profesores de apoyo, el aumento de las ratios de alumnos por clase o la disminución de intérpretes de lengua de signos puede echar lastras los grandes avances que se habían hecho en los últimos años.
