Málaga, España, (IPS) - En plena crisis económico-financiera, el gobierno de España impulsa la exportación de armas, estrategia que preocupa a organizaciones de la sociedad civil que advierten la prevalencia del interés comercial sobre la ley y sus consecuencias sobre los derechos humanos.

«En momentos en que pesan más los criterios comerciales que las regulaciones es cuando se venden armas a países en los que se violan los derechos humanos y se alimentan conflictos en el mundo», sentencia el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IEACH), Jesús Núñez .

En su artículo 8, la normativa española sobre comercio exterior de armas establece que no se autorizarán ventas cuando existan indicios racionales de que estas pueden emplearse en acciones que perturben la paz, la seguridad y los derechos humanos en los países destinatarios.

Villaverde, economista y militar retirado, dice que esta ley «no se cumple» porque prevalecen los intereses económicos del gobierno de turno, y más teniendo en cuenta que el Ministerio de Defensa ha visto reducido su presupuesto en un seis por ciento para 2013, respecto del año anterior, y tiene que hacer frente a una deuda millonaria.

El Congreso , aprobó el pasado 20 de septiembre gracias a los votos del Partido Popular, un crédito de 1.782 millones de euros para pagar parte de la deuda acumulada por la cartera de Defensa con los proveedores privados de armas, que asciende a unos 27.000 millones de euros, según cifras oficiales.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Competitividad informó de que las exportaciones españolas en materiales de defensa sumaron el año pasado 2.431 millones de euros, un 115 por ciento más que en 2010.

Más de la mitad de esas ventas tuvieron como destino a Venezuela, seguida de Australia, Noruega y, en menor medida, Colombia, Israel, Marruecos y Pakistán, entre otros, según detalla el documento de «Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso», del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

«Existe una relación clara entre el incremento de venta de armas y el aumento de los conflictos en el mundo», dice el director de la Asociación Catalana para la Paz (ACP), Jordi Garrell, coordinador también de la campaña «Negocios ocultos», impulsada por movimientos sociales de esa comunidad autónoma para denunciar las relaciones en materia de seguridad militar y armamentística entre España e Israel.

«Se han realizado operaciones que no serían justificables desde la perspectiva de la ley española, pues es posible que productos de defensa lleguen a destinos en los que existe riesgo de que sean utilizados para cometer o facilitar graves violaciones de los derechos humanos», indica un informe divulgado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Ese documento contiene cifras sobre venta de equipos militares a Egipto, Bahrein y Arabia Saudita mientras se desarrollaba la llamada Primavera Árabe, en muchos lugares reprimida violentamente o que derivó en enfrentamientos armados internos.

Precisamente, el presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Aedidh), Carlos Villán, cuestiona que la Unión Europea no disponga de «un mecanismo de control real» para hacer respetar a sus Estados miembro la prohibición de exportar «tecnología militar y equipamientos» a países con guerras civiles o con libertades conculcadas.

En una entrevista televisada el 30 de septiembre, el exministro de Defensa español Eduardo Serra reconoció que no daría su «voto» para vender armas y otros pertrechos a un país si existe el riesgo de que contribuya a violar los derechos humanos, pero también aclaró que «para hacer cosas hay que mancharse las manos».

Villán critica la opacidad del gobierno sobre este tema porque la sociedad civil de España, que ya se ubica en el sexto lugar en volumen de exportación de armamento en el mundo, «no puede tener un control efectivo sobre las ventas que realizan las empresas apoyadas por los ministerios de Defensa, de Asuntos Exteriores y de Cooperación». El ciudadano no tiene acceso a la información porque las sesiones de control al gobierno en el Parlamento «son secretas».

Según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés), el comercio mundial de armas llegó a 1,7 billones de dólares el año pasado, lo cual equivale al 2,5 por ciento del producto interior bruto del orbe. «Esta cantidad tan exagerada de dinero sólo beneficia a los comerciantes y exportadores de armas», declara Villán, quien denuncia que este comercio «claramente inmoral» se beneficia de la falta de una regulación internacional.

A finales de julio concluyó sin acuerdo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York una reunión de cuatro semanas que perseguía un Tratado sobre Comercio de Armas en la que participaron 170 gobiernos. Para Villán, los principales países exportadores, con Estados Unidos a la cabeza, «hicieron fracasar» las negociaciones, mientras el comercio de armas «alimenta los 40 conflictos armados que existen hoy en el mundo». Los recursos que los estados dedican a comprar armas «son detraídos del desarrollo económico y social de sus pueblos», añade.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, «no colaboró para que el tratado saliera adelante», advierte Villaverde, aunque «No se trata de prohibir el comercio de armas» pero es evidente que «falta voluntad política» para llegar a un acuerdo internacional sobre el particular, puesto que «los gobiernos prefieren tener carta blanca».

Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia suministran en torno a las tres cuartas partes del valor de las armas del mundo, según indica en su página de Internet la organización humanitaria Amnistía Internacional. Solo el primero de esta lista no integra el Consejo de Seguridad de la ONU.