El organigrama del Cartel de Sinaloa, ahora del Pacífico, «refleja la debilidad del Estado mexicano», dice Edgardo Buscaglia, presidente del no gubernamental Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia.

En Sinaloa, estado del noroccidente de México, tenía su centro de operaciones el narcotraficante más buscado del mundo, hasta su captura en la madrugada de este sábado 22.

A juicio de Buscaglia, los dos gobiernos anteriores, del derechista Partido de Acción Nacional (PAN), «solo desarmaron grupos reticulares del poder, sin reemplazarlos» por una adecuada presencia del Estado. Para lograrlo, se habría necesitado «la investigación patrimonial» de la red empresarial y política que permitió en primer lugar la expansión del Cartel de Sinaloa, dice Buscaglia.

El Cartel del Pacífico es el más poderoso que opera en México y se disputa con al menos otras siete agrupaciones delictivas la producción, el traslado y el contrabando de drogas ilícitas hacia el gran mercado estadounidense.

Efectivos de la marina mexicana detuvieron a Guzmán en un edificio de apartamentos en la turística y portuaria ciudad de Mazatlán, gracias a información compartida por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Guzmán ya había sido capturado en Guatemala en 1993, pero tras su extradición y encarcelamiento en una prisión de alta seguridad en el estado occidental de Jalisco, se fugó en enero de 2001, durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006).

Desde entonces, Guzmán, apoyado en Ismael «El Mayo» Zambada y Juan José «El Azul» Esparragoza, has construido un imperio narcoempresarial, con presencia en 58 países de América Latina, Europa, Asia y África, según datos de Buscaglia y de otros especialistas en el tema.

En esa red transnacional, la organización obtiene materia prima para fabricar drogas, comprar armas, lavar dinero y crear centros de producción, almacenamiento y distribución.

Su reaprehensión «era previsible, porque (estos capos) se vuelven objetivos para demostrar que en México existe el Estado de derecho», considera Javier Oliva, experto en seguridad nacional y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En el pasado sexenio, presidido por Felipe Calderón (2006-2012), «hubo rivalidades en el gabinete. Ahora la coordinación es notablemente mayor y hay una línea de continuidad, porque las Fuerzas Armadas siguen estando al frente de la lucha», analiza.

Cuando asumió el cargo, en diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto, del tradicional Partido Revolucionario Institucional (PRI), prometió un nuevo enfoque de seguridad, para diferenciarse del legado de su antecesor Calderón, cuya guerra contra las drogas dejo más de 100.000 muertos.

La diferencia ha sido de matices, pues Peña Nieto ha mantenido a los militares en el frente de la lucha contra los carteles y la caza de sus capos.

En julio de 2013, fuerzas gubernamentales aprehendieron a Miguel Ángel Treviño «El Z-40», líder de Los Zetas, la banda fundada a inicios de la primera década del siglo por exmiembros de cuerpos de elite del ejército mexicano. La violencia amainó un poco, aunque también obedece a que ha tenido menor reflejo en la opinión pública.

En 2013, se informó de 34.648 homicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que en 2012 la cifra fue de 38.052 muertes violentas.

Para evitar escándalos como su fuga en 2001, Guzmán podría ser extraditado a Estados Unidos, cuyo gobierno ofrecía cinco millones de dólares por su captura y donde afronta acusaciones de tráfico de drogas y lavado de capital.

La detención de Guzmán se produjo tan solo dos días después de la llamada «Cumbre de los Tres Amigos» entre los gobernantes de Canadá, Stephen Harper, de Estados Unidos, Barack Obama, y Peña Nieto, en la ciudad mexicana de Toluca para celebrar los 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

«Cuando el Estado autoritario se desarma, queda un vacío de Estado. Eso hace que la delincuencia organizada adquiera más poder. Los grupos mexicanos se beneficiaron de esos vacíos», apunta Buscaglia.

Para el autor del libro «Vacíos de poder en México», «esa transición continúa y esos vacíos siguen sin llenarse. Llenando esos vacíos, es difícil que surjan personajes como Guzmán».

El experto considera que el gran desafío es regular la producción de drogas y quitar los incentivos a la fabricación de sustancias tóxicas, en una situación que contrasta, con un mercado sobrerregulado, como el estadounidense, y otro muy poco normalizado, como el mexicano.

«Se resuelve regulando mejor los mercados. Si se deshace la oportunidad de hacer dinero, se deshace la influencia de los grupos de delincuentes», plantea al defender la despenalización de sustancias como la marihuana (cannabis).

Desde que se lanzó la guerra militar contra las drogas en 2006, las Fuerzas Armadas han ejecutado a a varios dirigentes del narcotráfico: Arturo Beltrán Leyva, en 2009, Ignacio Coronel, una figura cercana a Guzmán, en 2010, y Antonio Cárdenas Guillén, del Cartel del Golfo, ese mismo año.

La revista estadounidense Forbes estimó la fortuna de Guzmán, en cuya lista de multimillonarios figuró entre 2009 y 2012, en unos 3.000 millones de dólares.

Para Oliva, la nueva detención ofrece «la oportunidad para hacer prevención sobre el uso de las drogas y una pedagogía en el sentido de concienciar sobre que quien entra en esa actividad termina mal, muerto o detenido».

El portal Historias del Narco especula con que Dámaso López Jr., apodado «El Mini Lic» y ahijado de Guzmán, ocuparía su sitio. Oriundo también de Sinaola, López fue calificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como «su brazo derecho» y lidera a una banda de jóvenes conocida en las redes sociales como «Grupo Ántrax» o «Los Ántrax».

Después de la detención de Guzmán, Phil Jordan, exdirector de inteligencia de la DEA en El Paso, ciudad fronteriza de Estados Unidos con México, se mostró sorprendido, porque según su versión el capo capturado financió la campaña electoral de Peña Nieto.

La declaración hecha a la cadena de televisión estadounidense Univisión compromete a la DEA sobre su conocimiento de los presuntos vínculos entre las organizaciones criminales y los dirigentes políticas mexicanos.

«Está documentado en pasadas campañas del PRI. 'El Chapo', (Rafael) Caro (Quintero, del desaparecido Cartel de Guadalajara), todos daban dinero a quien aspirara a la Presidencia. No tengo los documentos, pero hay informes de inteligencia que señalan que el cartel de 'El Chapo' está muy involucrado con la política», dijo Jordan.

¿Por qué entonces lo detuvo el gobierno de Peña Nieto? «Algo salió mal entre el PRI y 'El Chapo' Guzmán», especuló. Y tampoco descartó que el capo hubiera negociado su captura.

Ninguno de los dos gobiernos se ha pronunciado hasta ahora sobre lo dicho por Jordan.