El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Nils Whal, ha emitido un informe que no es vinculante pero que en un 80 % de los casos lo refrenda el TUE en sus sentencias y que responde a una denuncia ante la justicia de Cataluña.

Una empresa radicada en Cataluña puso una denuncia alegando que el impuesto es ilegal, por lo que solicitaba la devolución de 45.000 euros que había pagado de más. La denuncia llegó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha enviado el caso a la justicia europea.

Whal dice que el impuesto «es contrario a la directiva sobre impuestos especiales» por no cumplir los dos requisitos que se exigen para este tipo de tasas.

Incumple el requisito de que exista una finalidad específica no presupuestaria, de hecho, el objetivo del 'céntimo sanitario' es el mismo que el del impuesto especial armonizado sobre hidrocarburos que va dirigido a reducir los costes sanitarios y medioambientales que producen los hidrocarburos.

Ni va dirigido a reducir el uso de hidrocarburos ni a animar al uso de otro producto menos dañino.

En segundo lugar, tampoco entiende el autor del informe que respete el sistema general de impuestos especiales o del IVA, ya que lo paga el consumidor en el momento de llenar el depósito de su vehículo.

España ha pedido que la sentencia, en caso de ser contraria a sus intereses, no tenga en cuenta lo recaudado hasta ahora y que afecte solamente a la posible recaudación futura.

El abogado general de la UE considera que el riesgo de repercusiones económicas podría ser muy grave, teniendo en cuenta la «precariedad financiera de las Comunidades Autónomas». España ha calculado en 13.000 millones de euros la cantidad que se podría haber percibido. Pero también hace notar que ya se pronunció en contra haciendo notar la incompatibilidad cuando se adoptó el 'céntimo sanitario'.

Whal deja la decisión en manos de la Corte señalando que puede hacer una excepción en el tiempo si considera que el 'impacto financiero de la retroactividad sería particularmente grave' pero deja claro que «España parece haber tomado a sabiendas el riesgo de poner en marcha la legislación en cuestión que se ha aplicado durante muchos años en detrimento de los usuarios finales y el mercado interior.»