A mediados de junio, supimos que el Consejo de Estado griego ordenaba (se dijo) el restablecimiento de la señal de la televisión pública, hasta que se estableciera legalmente otro modelo. El gobierno de Antonis Samarás fingió respetarlo, lo mismo que las advertencias que le llegaron desde diversas instancias comunitarias de Bruselas; pero persiste en su objetivo que está directamente relacionado con los dictados económicos de la troika (FMI, UE, BCE).
Bruselas, claro, dice en una instancia «respeten la televisión pública» (o «sean respetuosos» con la sanidad o la educación públicas) y con la otra mano firma las instrucciones para recortar los mismos servicios públicos y esos derechos sociales. De modo que debemos recordarles todo lo que «defienden» formalmente para seguir oponiéndonos a lo que ordenan «flexibilizar» en la realidad. Ante el deterioro social al que hemos llegado, ese vocabulario perverso ya no engaña a nadie. Lo mismo sucede con la radiotelevisión pública griega (ERT, Ellinikí Radiofonía Tileórasi). Así que, ¿dónde seguimos en este asunto?
Pregunto a mis colegas de Grecia y me responden lo siguiente:
«No hay emisión formal de la ERT y cumpliendo con la decisión originaria del gobierno, ordenando el cierre de las emisiones de la ERT, todos los periodistas y empleados de los medios públicos están despedidos desde el 11 de junio de 2013.
Todos ellos juntos siguen dando vida por internet a una emisión en línea y utilizan también una frecuencia especial que les ha facilitado la UER/EBU (organismo que agrupa sobre todo, pero no únicamente, a las radiotelevisiones públicas europeas, Unión Europea de Radiodifusión). Cualquiera puede ver y seguir esa señal de televisión (en griego, claro).
El ministro responsable de la radiotelevisión pública, recién nombrado, se presentó ante los empleados de la radiotelevisión pública, y ante sus periodistas, con un documento vacío de propuestas reales el pasado 4 de julio. Incluía incentivos para jubilaciones anticipadas y algunas indemnizaciones de despido, así como la creación de un ente temporal de emisiones que daría empleo a unos pocos.
Mediante una votación, los trabajadores rechazaron esa propuesta porque los incentivos e indemnizaciones de despido incumplían la legalidad. También había objeciones contra el operativo propuesto para ese ente emisor. Se sigue pidiendo la continuidad de la radiotelevisión pública ERT y que no haya despidos.
El 4 de julio se ha presentado en el parlamento un proyecto de ley de creación de una nueva radiotelevisión pública llamada NERIT (Nea Elliniki Radiofonía Tileórasi), que sería propiedad del Estado griego (se propone una inversión inicial de 5 millones de euros) y donde encontrarían acomodo algunos trabajadores de la ERT. Se prevé un canon para financiar esa entidad y se plantea un plan estratégico de diez años, que diseñaría un equipo de expertos recomendado por el Consejo de Administración de NERIT.
Ese proyecto de ley será discutido en el parlamento, pero los trabajadores de los medios de la ERT y sus periodistas ya han expresado su oposición.
Iniciativas como la que ha tenido la UER o la decisión del Consejo de Estado griego, nos indican claramente que hay que seguir defendiendo a los servicios públicos de radiotelevisión, a pesar de sus fallos, limitaciones o periódicos manejos partidistas; porque son un dinamizador de nuestras culturas, de la producción audiovisual, del pluralismo político y social. Es su vocación innata y exigible. Aunque otros quieran torcerlo a diario, exijámoslhttp://www.esiea.gr/gr/index.htmlo también todos los días.
En este sentido, debemos alegrarnos también de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia confirmando que las empresas de telefonía de Francia tienen que seguir financiando parcialmente a las televisiones públicas francesas (France Télévisions). No todo son malas noticias. Los neoliberales se ven obligados a retroceder en muchos casos, más de lo que vocean por ahí, y hay que disfrutarlo cada vez que suceda.
Muchos de los ataques contra las radiotelevisiones públicas tienen como objetivo la eliminación de medios que puedan ser controlados social y democráticamente. Quieren extirpar el control público, la mera posibilidad de que puedan ser utilizados por todos y acabar con su uso social, incluso con cualquier atisbo de control parlamentario.
Si les hacemos caso, si nos creemos su discurso, tenemos garantizada la concentración y el oligopolio de medios: la berlusconización generalizada. Y en Europa, no es concebible un sistema democrático carente de medios audiovisuales públicos. Así que para nuestros colegas griegos es vital que no los olvidemos. También lo es para nosotros como periodistas y como ciudadanos de la Unión Europea.
*** Sobre los valores y la necesidad de controlar socialmente a las radiotelevisiones públicas europeas, véase:
