El próximo 24 de agosto, los ministros de Exteriores de la OEA se reunirán para estudiar el caso de Julian Assange, refugiado en la misión diplomática de Ecuador en la capital británica desde hace 60 días. La amenaza del Reino Unido de entrar en la embajada para detener a Assange y evitar que salga del país ha movilizado a la diplomacia ecuatoriana.

23 países de la OEA han votado a favor de celebrar la cumbre y se han opuesto Estados Unidos, Canadá y Trinidad y Tobago, países que consideran que se trata de un asunto bilateral que debe ser negociado entre las partes implicadas. Ha habido además cinco abstenciones.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha señalado que «el tema central no es el derecho de asilo, es la inviolabilidad de las embajadas» que respalda el Consejo de Seguridad de la ONU. El argumento de Quito es la carta enviada por el Reino Unido, en la que advertía de que una ley de 1987 le permitiría entrar en la embajada ecuatoriana en Londres. El observador permanente de Reino Unido ante la OEA, Philip Barton, dijo que las acusaciones «no tienen ningún fundamento» y que la nota de Londres se tomó «fuera de contexto».

Pero los Estados participantes en la cumbre deberán pronunciarse además sobre la negativa de Reino Unido y Estados Unidos a que Assange pueda viajar a Ecuador y eludir así la reclamación de la justicia sueca para que el fundador de Wikileaks responda sobre las acusaciones que pesan sobre él por delitos sexuales.

Estados Unidos no reconoce el asilo diplomático que Ecuador ha concedido a Assange y niega haber presionado a Londres para conseguir la extradición de Assange. La portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, ha señalado que «es un asunto bilateral entre Ecuador y Reino Unido, por lo que la OEA no tiene ningún papel que jugar en este tema».

Assange basó su solicitud de asilo político a Ecuador con el argumento de que se encuentra en un «estado de indefensión» ante la posibilidad de que las autoridades del Reino Unido y Suecia lo extraditen a Estados Unidos. El fundador de Wikileaks dice que es víctima de una «persecución política» por Estados Unidos, tras difundir miles de documentos clasificados del Departamento de Estado sobre las guerras de Irak y Afganistán y las relaciones diplomáticas con otros países.