El 16 de abril, el órgano legislativo de la UE votó contra la reforma del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (RCDE), que consistía en posponer una subasta de 900 millones de permisos de emisión adicionales. La mayoría de los parlamentarios argumentaron que los gobiernos no deben manipular mecanismos económicos supuestamente eficientes, como el de la oferta y la demanda, ni los precios que el mercado establece a través de tales interacciones.
Pero el RCDE sufre varios defectos, principalmente el exceso de oferta de permisos de emisión –también llamados certificados o bonos de carbono–, y costes casi inexistentes para las empresas que se benefician de ellos y que ocasionan efectos perniciosos, como un precio demasiado bajo del dióxido de carbono (CO2).
Los ecologistas han criticado el RCDE casi desde que empezó a funcionar en 2005, en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio definido por el Protocolo de Kyoto, sobre todo porque al principio, los gobiernos europeos concedieron de manera gratuita a las grandes empresas que contaminan con CO2 y otros gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global. El Protocolo de Kyoto obliga a los países europeos a reducir sus volúmenes de gases invernadero. Pero contiene flexibilidades, que permiten a los contaminadores financiar proyectos limpios en terceros países –que supuestamente reducen las emisiones humanas netas– mediante la compra de certificados de carbono.
Los críticos estiman además que el volumen de emisiones cubierto por los certificados es muy exagerado, permitiendo así a las empresas mantener una elevada emisión contaminante y beneficiarse del trueque de estos certificados inflados y gratuitos contra reducciones marginales de emisiones de CO2, especialmente en países en desarrollo. Según el centro de análisis Point Carbon, que estudia los mercados globales de energía, el de bonos de CO2 sufrió entre 2008 y 2012 un exceso de asignación de 13.000 millones de toneladas en relación con la demanda estimada, de apenas 11,5 millones de toneladas.
La UE también evaluó que, a finales de 2012, el RCDE tenía 1.700 millones de bonos excedentarios respecto de la demanda real. Por este desajuste entre oferta y demanda de certificados de emisión, el precio del CO2 en el mercado europeo cayó de 30 euros en 2010 a apenas 2,63 este año.
Larry Lohmann, autor del libro «Mercados de carbono: La neoliberalización del clima», sostiene que «el sistema (...) se fue transformando en un mecanismo de comercio, las sanciones se transformaron en premios y el sistema jurídico se transformó en un mercado». Para Tamra Gilbertson, de la organización no gubernamental Carbon Trade Watch, «el RCDE es un fiasco, un sistema donde imperan las trampas». «El RCDE fue concebido por las mismas empresas contaminadoras que se benefician actualmente de él».
La UE, a través de la comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, hizo suyas tales críticas y propuso posponer la subasta de 900 millones de permisos adicionales concebidos para su intercambio en los próximos dos años, retrasándola para el período 2016-2020. «La UE no puede permitirse inundar un mercado ya sobresaturado», dijo Hedegaard en una entrevista.
Pero el 16 de abril, el Parlamento Europeo rechazó la propuesta de Hedegaard. La posición de la mayoría fue resumida por el diputado del Partido Liberal Democrático alemán, Holger Krahmer, quien dijo que «el comercio de emisiones de carbono no fue concebido para que los políticos manipulen y determinen el precio». El presidente del Federación alemana del acero, Hans Jürgen Kerkhoff, también rechaza la propuesta de la UE. «Manipular el mercado actual de permisos de emisiones destruiría la confianza y la seguridad de la planificación de las empresas, y afectaría negativamente las inversiones futuras».
Pero Bas Eickhout, portavoz para cuestiones ambientales del bloque del Partido Verde, sostiene que tales argumentos son «cínicos en extremo. Políticos conservadores y empresarios de todos los países europeos son culpables de las deficiencias del mercado de emisiones que han causado el desastre actual». «Al oponerse a la necesaria reforma, estos mismos políticos y empresarios expresan su deseo de destruir el sistema que constituye el pilar de la política europea contra el cambio climático», añade Eickhout.
Después de la votación del Parlamento, Hedegaard anunció que pedirá al comité para la protección ambiental del órgano legislativo que reconsidere la reforma del RCDE y que el pleno la vuelva a discutir en los próximos meses. Sin embargo, Stig Schjølset, director de análisis en Point Carbon, cree que «la propuesta de posponer la subasta está políticamente muerta. Es muy improbable que haya un acuerdo para reformar el sistema planificado para el período 2013-2020».
La consecuencia de este fracaso sería un precio bajo del carbono y la perpetuación del efecto perverso: emisiones elevadas, disimuladas por el trueque de permisos obtenidos sin costos.
