Si bien el Comité de Efectividad en el Desarrollo no respaldó formalmente el documento,fue aprobado el 30 de julio para su posterior consulta en los próximos meses con los gobiernos, las oenegés y otros interesados, en lo que constituirá la segunda ronda de una revisión de las políticas sociales y ambientales del Banco Mundial que llevará dos años.

Está en juego un borrador de marco de garantías que fue diseñado para actualizar y fortalecer las políticas implementadas en los últimos 25 años para asegurar que los proyectos financiados por el Banco Mundial en los países en desarrollo protejan a las poblaciones vulnerables, los derechos humanos y el medioambiente.

«Las políticas que tenemos ahora han sido útiles, pero los problemas que deben afrontar nuestros clientes han cambiado en los últimos 20 años», declaró Kyle Peters, vicepresidente del Banco Mundial de operaciones políticas y servicios en los países.

Peters subrayó que las disposiciones del marco previsto también ampliarán las políticas de garantías de la institución con sede en Washington, para promover la inclusión social, la no discriminación, los derechos laborales y la lucha contra el cambio climático.

Pero un grupo de organizaciones de la sociedad civil sostiene que el proyecto, que se filtró el 26 de julio, no refuerza esas garantías sino que, muy al contrario, las debilita sustancialmente en algunos casos.

«El Banco Mundial se comprometió en repetidas ocasiones a producir un nuevo marco de garantías que no dé lugar a la dilución de las salvaguardas existentes y que refleje las normas internacionales vigentes», según un comunicado enviado el 28 de julio a los directores ejecutivos de la institución multilateral Empresa y Derechos Humanos (BHR, en inglés), una red con sede en Washington integrada por 23 organizaciones de desarrollo, humanitarias y ambientalistas.

«En cambio, el proyecto de marco de garantías representa una profunda dilución de las salvaguardas existentes y socava las normas internacionales de derechos humanos y de las mejores prácticas», advierte la carta firmada por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Foro de ONG del Banco Asiático de Desarrollo, entre otras organizaciones.

Una de las disposiciones previstas permitiría la «exclusión voluntaria» de los gobiernos prestatarios de la Norma de los Pueblos Indígenas, que fue desarrollada por el Banco Mundial para asegurar que sus proyectos de financiación protejan los derechos fundamentales de las poblaciones autóctonas sobre la tierra y los recursos naturales.

«Hace más de 20 años que colaboramos con el Banco Mundial en el desarrollo de las garantías sociales y ambientales y nunca vimos una propuesta con un potencial tan negativo de repercusiones generalizadas para los pueblos indígenas de todo el mundo», afirmó la filipina Joji Cariño, directora de Forest Peoples Programme, una organización con sede en Gran Bretaña que defiende los derechos de las poblaciones autóctonas.

«La propuesta de 'exclusión voluntaria' de las protecciones para los pueblos indígenas, en particular, socavaría la vigente legislación internacional de derechos humanos y los avances significativos que se observan en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en las leyes nacionales», agregó.

Pero Mark King, director de normas ambientales y sociales del Banco Mundial, insiste en que el marco planteado representa un «fortalecimiento de la política existente» que, entre otras disposiciones, incorpora el «consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas» para todos los proyectos financiados por el organismo multilateral.

«En circunstancias excepcionales cuando existe el riesgo de exacerbar las tensiones étnicas o los conflictos civiles, o cuando la identificación de los pueblos indígenas es incompatible con la Constitución del país, en consulta con las personas afectadas por un proyecto en particular proponemos un enfoque alternativo para la protección» de esas poblaciones, señala Peter.

El funcionario agregó que el directorio del Banco Mundial debe autorizar esas excepciones.

El organismo, que desembolsa hasta 50.000 millones de dólares al año en subsidios y préstamos, sigue siendo una fuente clave de financiación de proyectos en el Sur en desarrollo, aunque en los últimos 20 años hayan surgido otras fuentes importantes, especialmente de capitales privados y, más recientemente, China y otras economías emergentes, que suelen imponer menos condiciones a sus préstamos.

Ante esta competencia, el Banco Mundial busca la forma de atraer prestatarios mediante, por ejemplo, facilidades en sus operaciones.

Sin embargo, algunos de sus detractores temen que el organismo multilateral también esté dispuesto a ejercer una mayor flexibilidad en la aplicación de sus normas sociales y ambientales, algo que sus funcionarios rechazan públicamente, a pesar de la reciente divulgación de correos electrónicos internos que confirmarían esos temores.

Bajo la insistencia de las oenegés y algunos gobiernos occidentales en los años 80 y 90, el Banco Mundial lideró el proceso de adopción de políticas sociales y ambientales progresistas.

Más recientemente, sin embargo, «se rezagó ante los bancos regionales de desarrollo y otras instituciones internacionales de desarrollo en cuanto a la protección de los derechos humanos y del medioambiente», aseguró Gretchen Gordon, coordinadora del BHR.

«El Banco tiene la oportunidad de recuperar su posición de líder en el ámbito del desarrollo, pero lamentablemente este proyecto es un retroceso en la última década de progreso», dijo.

«Esperamos que la próxima ronda de consultas sea sólida y accesible para la gente y las comunidades más afectadas, y que... el Banco y sus Estados miembros adopten un marco de garantías sólido que respete los derechos humanos», añade.

BHR elogia el renovado interés del Banco Mundial por la discriminación y los derechos laborales, pero critica lo que considera el desplazamiento del marco de garantías de «uno con base en el cumplimiento de los procesos y las normas establecidas, a otro de orientación vaga y abierta».

Según el comunicado de la sociedad civil, el borrador pone en peligro la protección de poblaciones a las cuales proyectos financiados por el Banco Mundial podrían desplazar de sus hogares. También permitiría que los gobiernos prestatarios e incluso bancos privados «intermediarios» apliquen sus propias normas para la evaluación, compensación y reubicación de las comunidades desplazadas «sin criterios claros sobre cuándo y de qué manera eso sería aceptable», según BHR.

Además, el marco previsto no incorpora ninguna protección que evite que los fondos del Banco Mundial apoyen las apropiaciones de tierras que desplazaron a poblaciones indígenas, pequeños agricultores, comunidades de pescadores y pastores en países pobres para dar paso a grandes proyectos agroindustriales, añade la alianza.

«Teníamos la esperanza de que las nuevas garantías incluyeran requisitos fuertes para impedir que gobiernos como el de Etiopía abusen de sus poblaciones con los fondos del Banco», dice Obang Metho, director ejecutivo del Movimiento de Solidaridad por una Nueva Etiopía, una organización que llamó la atención internacional sobre las apropiaciones de tierras etíopes con el respaldo del organismo financiero.

«En cambio nos asombró que el Banco abriera las compuertas a nuevos abusos», concluyó.