Mª Ángeles Fernández / J. Marcos
La campaña afronta su recta final pero el objetivo está cumplido. El 9 de septiembre concluye la recogida de firmas para presentar una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) a favor del derecho humano al agua. Y la presión ya ha surtido efecto.
El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, ha aceptado que el agua quede al margen de la directiva europea sobre concesiones, una norma que regula la privatización a través de contratos de las Administraciones con empresas sobre servicios como el transporte, la energía y los correos. Barnier asegura que lo ha hecho por la «preocupación expresada por tantos ciudadanos».Año y medio después de que se pusiera en marcha el primer mecanismo de la Unión Europea que permite a la ciudadanía participar de forma directa en una instancia supranacional, el agua abre un camino hasta ahora inexplorado. Para que una ICE tenga validez y sea examinada por la Comisión Europea requiere un millón de firmas recogidas en al menos siete Estados de la Unión, con unas cuotas determinadas por nación según el número de habitantes. Y a menos de un mes para que se cumpla la fecha tope, el agua pública ya ha recabado 1,7 millones de rúbricas, superando las cuotas exigidas en doce países.
«Entiendo perfectamente por qué los ciudadanos están tan enojados y molestos cuando se les dice que sus servicios de agua podrían ser privatizados en contra de su voluntad. Yo siento lo mismo. A pesar de todos los cambios en el texto legal, y de las contribuciones de todos los partidos políticos en el Parlamento Europeo y en el Consejo, el texto no es satisfactorio: no proporciona las garantías que los ciudadanos esperan y crea la fragmentación del mercado único. La mejor solución ahora es eliminar el agua del ámbito de aplicación de la Directiva concesiones», ha explicado Barnier.
«Hemos logrado 'un éxito' y no 'el éxito'. El objetivo es declarar el acceso al agua y al saneamiento un derecho humano en la legislación europea, y por consecuencia en las legislaciones nacionales, para asegurar una gestión pública, democrática, transparente y ecológica, que es lo contrario de lo que pasa en Grecia, en Irlanda, en Portugal...», explica a euroXpress Pablo Sánchez, responsable de comunicación y enlace con el Parlamento Europeo de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU, en sus siglas en inglés), colectivo que ha puesto en marcha la iniciativa.
España sigue idéntico camino, pues la privatización está creciendo en los últimos años. Si en 1996 el 63 por ciento de la población española era abastecida por servicios públicos; ahora lo está menos del 50 por ciento. «Sacar el agua y el saneamiento de la directiva concesiones es una batalla ganada de esta guerra. Significa que los gobiernos y ayuntamientos no podrán privatizar diciendo que es por Bruselas, significa que la presión pasa a otro nivel. Ahora la lucha, como la del Puerto de Santa María (Cádiz), es mostrar que son el Partido Popular y Partido Andalucista locales quienes quieren privatizar. No se puede echar la patata caliente a Bruselas», añade Sánchez.
Y es que, uno de los últimos ejemplos tuvo lugar el 17 de julio, cuando el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María celebró un pleno extraordinario en el que se aprobó la transformación de la empresa pública Aguas del Puerto Empresa Municipal, S.A. (Apemsa) en una sociedad mixta. Según ha denunciado Ecologistas en Acción, la «obligación de la UE» ha sido la excusa esgrimida para privatizar el 49 por ciento de la empresa municipal, mientras que los grupos opuestos a esta iniciativa declaran que el único objetivo es financiar al Ayuntamiento.
De momento, la primera ICE de la historia de la UE ha cosechado un éxito relativo, pero el camino es largo y de aplicación menos global. «La lucha sigue ahora a una escala más institucional y local. Pero esto no se acaba hasta que hayas desmontado el entramado de especulación y corrupción que hay detrás de agua y saneamiento», adelanta el portavoz de EPSU.
En Grecia, otro paradigma, el Gobierno sigue adelante con la privatización de las empresas de suministro de agua y alcantarillado de Atenas y Tesalónica, a pesar de que son compañías rentables. Según publica la revista griega Unfollow, el Estado y los municipios deben a las entidades de suministro de agua 356 millones de euros, un hecho que arroja una luz diferente sobre la paradoja de la privatización: el Estado pierde ingresos por dividendos atribuidos, al tiempo que tendrá que pagar sus deudas a los nuevos propietarios de las empresas con el dinero obtenido de la venta. «Los ganadores serán los nuevos propietarios privados y los ciudadanos serán los perdedores», ha dicho a este medio el eurodiputado Kriton Arsenis.
No solamente la privatización pone en entredicho la concepción del agua como un derecho humano, tal y como lo reconoció Naciones Unidas en 2010, sino que los cortes son otra de las consecuencias negativas de considerar el agua como un objeto de mercado. Un millón de personas no tiene acceso al agua en Europa y ocho millones carecen de saneamiento.
Los casos sobran. Este verano, con temperaturas de más de 30 grados, el alcalde de la ciudad húngara de Ózd ha anunciado su intención de reducir la presión del agua y de detener por completo algunos suministros, concretamente 88 bombas que abastecían a gran parte de la población romaní de la ciudad, porque son caros: 12 millones de florines (40.500 euros anuales), según Budapest Business Journal . Las colas para recoger agua han sido frecuentes durante días. Finalmente, la presión internacional y la perspectiva de grandes manifestaciones han evitado que los húngaros de Ózd se queden sin suministro.
«Sabemos que las fuerzas que quieren privatizar el agua no van a parar por la 'simple' firma de más de un millón y medio de personas», apunta Sánchez. La victoria de la ciudadanía europea es parcial. El agua sigue su curso, mientras que a sus orillas unos luchan por mercantilizarla y otros, por considerarla un derecho humano y un bien común.
