Brasil está listo para acoger a partir del 15 de junio, el primero de sus retos deportivos de los próximos años: la Copa FIFA Confederaciones 2013, en la que participarán España e Italia y que renfrenta a los campeones de cada continente y al campeón del mundo. Italia, subcampeona en la Eurocopa, partipará en lugar de España, que lo hará como campeona mundialista. Las grandes infraestructuras que ha tenido que abarcar Brasil han sacado a relucir el autoritarismo de los poderes públicos.

Los preparativos de Brasil para acoger varios megaencuentros deportivos ocultan la intervención autoritaria de los poderes públicos y la violación de los derechos humanos, en favor de grandes proyectos urbanísticos y de remodelación de estadios. Un estudio del Comité Popular de la Copa y de las Olimpiadas señala que cerca de 30.000 familias han tenido que dejar sus hogares, forzadas por el Estado. El Comité aglutina a unas 50 agrupaciones, entre movimientos sociales, investigadores, organizaciones no gubernamentales y sindicatos.

El informe «Megaeventos y violación de derechos humanos en Río de Janeiro», destaca que tan solo en esta ciudad, donde se celebrarán los Juegos Olímpicos de 2016, se ha desalojado de sus viviendas a unas 3.000 familias y otras 7.800 están amenazadas de serlo. El traslado forzoso de millares de personas y la privatización de espacios públicos son algunos de los aspectos oscuros de los proyectos deportivos en que Brasil está inmerso, critica el documento.

Brasil hospedará también la Copa Mundial de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), que se desarrollará en 12 ciudades en 2014, mientras que entre el 15 y el 30 de junio de este año acogerá como aperitivo la novena edición de la Copa FIFA de Confederaciones, en que compiten los campeones de cada continente.

Uno de los coordinadores del estudio, el sociólogo y planificador urbano Orlando Alves dos Santos Jr, señala que «era lo que más temíamos que aconteciese. Los beneficios y el legado social tan pregonados esconden, en verdad, un legado oculto: una sociedad elitista, segregada y desigual. Es triste observar eso». Para el experto, investigador del Observatorio de las Metrópolis y del Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, las multimillonarias inversiones que se realizan bajo el manto del mundial de fútbol y las competiciones olímpicas, sobrepasan el ámbito deportivo y envuelven un gran proyecto de reforma urbanística.

Los impactos de las intervenciones urbanas son de grandes dimensiones y envuelven diversos procesos de exclusión social, como los desalojos, según revela el informe. «Demostramos que hay proceso de relocalización de los pobres fuera de las áreas donde se producen las inversiones, concentradas en el centro y en zonas del sur y del norte de Río de Janeiro. Son polos donde los bienes raíces se han revalorizado», explica Santos Jr.

Para el sociólogo, esa revalorización se afianza sobre el desplazamiento de la población pobre hacia la periferia. «Todo eso acompañado por una total falta de información a las familias desalojadas, así como la coacción, el uso de la violencia y la violación de los derechos humanos. Es muy grave lo que está sucediendo en la ciudad», destaca.

El geógrafo estadounidense Christopher Gaffney, estudioso de las políticas públicas de deportes y de seguridad en grandes acontecimientos, considera que los desalojos y la privatización de espacios públicos representan un gran defecto de la democracia de Brasil, con más de 195 millones de habitantes. Critica que «esa política es un gran retroceso. Representa un vuelco de valores, que elimina el papel del gobierno como garante de servicios esenciales para los ciudadanos, como son la vivienda y la cultura. Los desalojos forzosos son una evidente violación del derecho a la vivienda. La especulación inmobiliaria está desenfrenada en Río».

Gaffney, quien también integra el Comité Popular y es investigador del Observatorio de las Metrópolis, afirma que no existe un «criterio coherente y aplicable» en el proceso de desalojo de miles de familias y que la población afectada denuncia falta de diálogo, de transparencia y de información. «La incertidumbre de no tener donde vivir genera un pánico constante, al igual que el uso de métodos de terror para expulsarles de sus comunidades a cualquier precio», afirma.

«Hay casos en que a las familias se les comunicó que debían abandonar sus viviendas, sin tiempo para retirar sus enseres. Otros en que la negociación para el abandono de sus moradas se realizó al lado de las retroexcavadoras, listas para demoler las construcciones. Toda una presión psicológica», según describe el geógrafo estadounidense.

Pocas familias, afirma, recibieron una casa digna tras su desalojo. Las autoridades compensan con una indemnización la expropiación, insuficiente para adquirir una nueva vivienda, o suma a las familias en planes de vivienda, que exigen requisitos de las que muchas carecen, como que el jefe de hogar tenga empleo formal y una cuenta bancaria.

El informe argumenta que el verdadero legado olímpico para Río de Janeiro será «una ciudad más desigual, con la exclusión de miles de familias y la destrucción de comunidades enteras, así como la apropiación de la mayor parte de los beneficios por unos pocos actores económicos y sociales». Una de las principales críticas es la privatización de espacios públicos de costeo multimillonario. En Río de Janeiro se reforman instalaciones deportivas, como el legendario estadio de Maracaná, infraestructuras y la movilidad, mientras se multiplican los proyectos de remodelación urbana.

La inversión total prevista en la ciudad se ha incrementado en un 95 por ciento sobre el presupuesto inicial, al pasar de 1,1 mil millones de dólares a 2,1 mil millones. De ese monto, la construcción y renovación de estadios representan casi el 25 por ciento. El estadio de Maracaná, donde se disputará la final del campeonato mundial de 2014 y se inaugurarán los Juegos Olímpicos dos años después, está envuelto en la polémica por la entrega en concesión del nuevo complejo a un consorcio privado durante 35 años. El coste de la obra es de 600 millones de dólares, contra los 370 millones previstos inicialmente. La entrega por vez primera del estadio a manos privadas ha llevado a la fiscalía a iniciar una investigación sobre las inversiones realizadas por el Estado para los megaencuentros deportivos.

Gaffney considera que las instalaciones deportivas pasarán de ser espacios de cultura a centros de consumo. «Los estadios son el palco de manifestación de la cultura local expresada en el fútbol. Será prácticamente un asesinato cultural que en ellos se sustituya la tradición de la popular y fiel 'torcida' (hinchada), por la figura del cliente, el consumidor de clase más alta», afirma.

Además, la iniciativa privada también demolerá un importante parque acuático, una escuela pública, un estadio de atletismo y una prisión, para construir dos edificios de estacionamiento para 2.000 vehículos, un helipuerto, un centro comercial y un museo del fútbol. «A partir de esta realidad, vemos las vulnerabilidades de la democracia brasileña, incluso del Brasil que trata de construir instituciones más fuertes. La Copa FIFA y los Juegos Olímpicos aceleran procesos antidemocráticos», critica Gaffney.

El sociólogo Santos Jr subraya que la sociedad ha recibido con pasividad la multimillonaria renovación, y recuerda que la construcción del complejo del Maracaná «acarreará la destrucción de estructuras multiuso que albergaban la práctica de otros deportes». «Será tan solo un espacio para mostrar y un centro comercial. Los atletas de otras modalidades se quedarán sin lugar para entrenar. Además, las entradas serán muy caras», añade.

El Comité Popular pretende presentar su estudio a las autoridades públicas, a la FIFA, al Comité Olímpico Internacional y a organizaciones internacionales, como el Relator Especial sobre el Derecho Humano a la Vivienda de la Organización de las Naciones Unidas.