Estos datos revelan la falta de independencia de los Comités científicos que asesoran a la Dirección General SANCO, (departamento de la Comisión Europea que se encarga de los asuntos de salud y de los consumidores).
Estos Comités evalúan el riesgo que tiene para los seres humanos y para el medio ambiente, las sustancias químicas que se encuentran en una amplia gama de artículos de uso diario, desde el champú hasta los biberones.
Las opiniones de estos expertos, determinan la regulación que hace la CE, decidiendo qué productos químicos son seguros, en qué niveles y cuales deben ser prohibidos. Si no se regula correctamente estos productos químicos, asegura el informe, se podría causar un gran daño a la salud pública y al medio ambiente, aunque también se reconoce en el informe que cualquier regulación podría tener implicaciones comerciales serias.
Desde el Corporate Europe Observatory, Pascoe Sabido, explica que «el riesgo potencial de las sustancias como los parabenos de alteración endocrina, pueden tener un enorme impacto en la vida saludable que hoy disfrutamos, del medio en el que vivimos e incluso en el sano desarrollo de un bebé que todavía no ha nacido. Estas evaluaciones no sólo afectan a la salud pública, sino que también ayudan a dictar las fortunas financieras de las empresas involucradas en la producción y el uso de estas sustancias. Esto significa que la independencia de los científicos que brindan asesoramiento debe de estar por encima de cualquier sospecha de influencia de la industria; que no es el caso».
Mientras el 30% del personal estudiado no tiene ninguna relación con la industria, más del 54% tiene más de un nexo. El 18% tiene cinco o más relaciones con empresas, siendo dos personas en cada grupo de trabajo las que tendrían al menos seis contactos con las multinacionales.
Las sustancias estudiadas sobre las que se ha determinado relación con los científicos han sido parabenos, nanodióxido de titanio, nano plata y amalgamas dentales de mercurio, de las cuales se han encontrado intereses de corporaciones conocidas como el gigante farmacéutico GlaxoSmithKline, la empresa química DuPont, y bienes de consumo de alta gama de Unilever.
El conflicto de interés más común es el de un experto que trabaja en un papel consultivo o asesor para la industria, recibiendo un pago directo o en algunos casos, a la institución en la que investiga, por servicios a determinadas empresas cuyos productos se regulan siguiendo las opiniones de las Comisiones científicas.
Pascoe Sabido afirma que hay una estrecha relación entre los conflictos de interés y la insuficiencia de recursos para la detección y la verificación, eso ha socavado gravemente la independencia de los comités científicos.
«Para garantizar las evaluaciones, la DG SANCO tiene que estudiar seriamente cómo reformar sus procesos y procedimientos. Esto incluye la ampliación inmediata de la definición de conflicto de intereses, así como otros objetivos a más largo plazo, aumento de la participación de los científicos públicos independientes en la evaluación del riesgo y, finalmente, poner fin a todos los vínculos entre las industrias y la evaluación de la seguridad de los productos».
