Según el baremo de la UE un hogar está al borde de la pobreza cuando una familia modelo (2 padres y dos hijos) no alcanzan los 16.400 euros brutos al año. En los dos primeros años de la crisis (2008-2010) aumentó un 10 por ciento el número de niños pobres. Por primera vez la proporción de niños en precariedad es mayor que la de los jubilados. Los datos son de 2010, por lo que es de suponer que esa cifra ha aumentado. Antes de ese año el número de viejos que no llegaban a final de mes era del 21,7 por ciento.
En España, Unicef ha realizado un estudio en el que queda patente que la pobreza extrema (menos de 11.000 euros al año) alcanza a 200.000 menores. En otros países europeos, el mayor número de niños al borde de la pobreza está en Rumanía (48 por ciento), Bulgaria (44,6) y Letonia (42). En el polo opuesto se encuentran Finlandia (con un 14 por ciento), Suecia (14,5), Dinamarca y Eslovenia, (15 por ciento cada uno). Si nos fijamos en los grandes países Alemania ( tiene a casi un 22 por cientos de niños en riesgo de pobreza), Francia, el 23 por ciento y Reino Unido, el 29, una cifra similar a la española.
Unicef ha presentado el informe «El impacto de la crisis en los niños» en Europa, donde se ofrecen estos datos y otros análisis como el hecho que que los niños padecen la crisis y sufren el paro y la precariedad laboral de sus progenitores. La pérdida de poder adquisitivo, la bajada de salarios y la subida de impuestos han obligado a muchas familias a reducir sus gastos en productos de primera necesidad, principalmente la alimentación. Se calcula que un 41 por ciento de las familias ha recortado las compras de alimentos. A esta situación hay que añadir que los estados han eliminado o reducido las ayudas básicas a las familias. Ante el abandono social de las administraciones públicas, muchos hogares han tenido que pedir ayudas a las ONG's. Ante esta situación Unicef y otras organizaciones humanitarias piden a los gobiernos que «incluyan la protección a la infancia en la agenda política». En la presentación de su informe Unicef ha pedido a la administración española que «proteja la inversión en la lucha contra la pobreza, salud, educación y protección social».
