El país se encontró con la paradoja de votar la semana pasada a su nuevo presidente sin que se haya resuelto la disputa política sobre quiénes redactarán la nueva Constitución del país, en la que deben quedar plasmadas las funciones del próximo mandatario. «Todavía no sabemos qué responsabilidades y poderes tendrá el presidente», dice Negad El Borai, abogado de derechos humanos y activista prodemocrático. Los partidos «quieren ver qué resultado tienen las elecciones antes de decidir sobre una Constitución que definirá el rol del presidente», agrega.

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), que gobierna transitoriamente este país, suspendió la anterior carta magna después de que Mubarak fue derrocado por un levantamiento popular. Una declaración constitucional fue aprobada por referendo nacional al mes siguiente, y funciona de forma provisional hasta que se redacte la nueva ley fundamental.

La declaración encomienda al parlamento la tarea de formar una Asamblea Constituyente de 100 miembros que redacte una nueva carta magna antes de las elecciones presidenciales. Sin embargo, los problemas surgieron cuando los islamistas, que dominan el parlamento, intentaron controlar también la Asamblea, provocando la renuncia en protesta de muchos constituyentes seculares y liberales.

En abril, un tribunal administrativo suspendió la Asamblea Constituyente arguyendo que no representaba genuinamente a la población. «Se suponía que la Asamblea representaría a todos los segmentos de la sociedad», explica el politólogo Mostafa Kamel El Sayed, exconstituyente. «En cambio, se llenó de islamistas, quienes habrían dominado el discurso y excluido a otros».

Ante la ausencia de una nueva Constitución, el próximo presidente de Egipto iniciará su gestión sin ningún documento legal que defina adecuadamente su autoridad y sus responsabilidades. Diversos analistas alertan de que la situación podría desatar una lucha de poder entre el parlamento y el CSFA, cada uno de los cuales intenta quedarse con atribuciones ejecutivas. «Un presidente sin Constitución es como un matrimonio sin contrato», remarcó el periodista Mohamed Hassanein Heikal en una entrevista concedida al canal satelital Al-Hayat.

Las elecciones egipcias no tienen sentido y son ilegítimas si no existe una carta magna que especifique los poderes del presidente, señala. Según expertos legales, la declaración constitucional de 2011 le concede al CSFA poderes ejecutivos, incluyendo el derecho a declarar una guerra, hasta que se redacte la nueva Constitución. El próximo presidente tiene derecho a designar o despedir ministros, pero no a ratificar las políticas de Estado, ni el presupuesto, ni proponer leyes. Todos estos son atributos del parlamento.

Uno de los principales temas de debate entre los legisladores es si la autoridad debe de estar concentrada en el parlamento o en el Ejecutivo. La última carta magna, redactada en 1971 y enmendada en varias ocasiones, le fue atribuyendo cada vez más poder al presidente. «Nadie quiere otro faraón», dijo el joven Mohamed Mohieddin, de 27 años, que se alzó contra las fuerzas de Mubarak el año pasado. «Esperamos que la próxima Constitución incluya controles y equilibrios para impedir que Egipto se convierta en otra dictadura».

No sorprende que los islamistas, que poseen el 70 por ciento de los asientos legislativos, promuevan un sistema en que el parlamento sea más fuerte y en el que el papel del presidente sea meramente ceremonial. Por su parte, los seculares y liberales, que desean contrarrestar la influencia islamista, proponen un sistema con un Poder Ejecutivo fuerte, aunque con algunos límites.

No obstante, ambos grupos parecen avanzar hacia un consenso sobre un sistema semipresidencialista como el de Francia, donde a un fuerte Poder Ejecutivo lo equilibra un parlamento potenciado. Una de las propuestas es que el presidente tenga a su cargo los asuntos exteriores y que un primer ministro designado por el parlamento asuma la política interna.

Otro debate importante gira en torno a la autoridad y los privilegios que la nueva Constitución le asignará a los militares, quienes se resisten a ser supervisados por una autoridad civil. Los activistas acusan a los generales de intentar interferir en el proceso de redacción de la carta magna e imponer una legislación que preserve los privilegios que han tenido durante más de 60 años.

Los temores de que el CSFA diluya los poderes del parlamento parecen haber motivado a la Hermandad Musulmana, el mayor y más antiguo grupo islámico del país, a presentar su propio candidato presidencial pese a haber prometido que no participaría en la contienda electoral. La descalificación de su primer postulante, el prominente líder Khairat El-Shater, sobre la base de su pasada filiación política durante la era Mubarak, reforzó las sospechas de que las leyes estaban siendo interpretadas con fines políticos.

Del mismo modo, los temores de que los islamistas ganen la Presidencia habría llevado a los generales a respaldar la campaña de Shafiq. Este excomandante de la Fuerza Aérea y último primer ministro de Mubarak ha cosechado una inesperada popularidad en los últimos días de la campaña.