La ONU instó a los gobiernos a elaborar planes concretos para aplicar esas pautas, conocidas como los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, pero hasta el momento solo Dinamarca, Gran Bretaña y Holanda lo han puesto en marcha. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama,ha anunciado por primera vez que su gobierno comenzará a formular un plan de este tipo.
«Tenemos la intención de asociarnos con empresas estadounidenses para desarrollar un plan nacional que promueva una conducta empresarial responsable y transparente en el extranjero», declaró en Nueva York, en la Asamblea General de la ONU el 24 y el 25 de este mes. «Ya tenemos leyes vigentes, que son significativamente más fuertes que las leyes de muchos países. Pero creemos que podemos mejorar», aseguró. El presidente estadounidense señaló que la claridad en torno a las prácticas comerciales responsables es buena para todos los involucrados, incluido el sector privado y las poblaciones locales.
Cuando las empresas «saben que rige el imperio de la ley, cuando no tienen que pagar sobornos para enviar sus mercancías o para concretar un contrato, eso significa que son más propensas a invertir, y eso significa más puestos de trabajo y prosperidad para todo el mundo», dijo el presidente Obama.
Un comunicado de la Casa Blanca señala que el plan tendría como objetivo «promover e incentivar una conducta empresarial responsable, incluso con respecto a la transparencia y la lucha contra la corrupción». El plan también sería «coherente» con los Principios Rectores de la ONU y pautas similares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Organizaciones de la sociedad civil elogiaron el anuncio de Obama.
«Podría llegar a ser un paso muy importante, pero vamos a esperar a ver cómo hará Estados Unidos para que las empresas respeten los derechos en el país y en el extranjero», comenta Arvind Ganesan, director del programa de empresas y derechos humanos en Human Rights Watch. «Vamos a ver si este proceso viene con garras, o sea, con mecanismos para asegurar que las empresas actúen con responsabilidad en todas partes», añade Ganesan.
La tarea de la aplicación
En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU respaldó por unanimidad los Principios Rectores, que se aplican a todos los países y empresas que operan tanto a nivel nacional como internacional. Pero hasta el momento la adhesión formal a los mismos es escasa. A fines de junio, la ONU exhortó a los gobiernos a intensificar el proceso de elaboración de los planes de acción nacionales. Estados Unidos es un elemento clave, dado el tamaño de su economía y la cantidad de empresas trasnacionales que alberga.
Además, las empresas estadounidenses son acusadas de diversas violaciones a los derechos humanos, como el caso de las compañías mineras que envenenan las reservas de agua locales o las de seguridad privada que matan a civiles desarmados. Estos problemas repercuten más directamente en las poblaciones pobres y marginadas del Sur en desarrollo.
Los Principios Rectores indican que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de impedir que las empresas cometan abusos y también brindar garantías judiciales en caso de violación de derechos. A pesar de eso, sigue siendo responsabilidad de los gobiernos la decisión de cómo poner en práctica las directrices. En este sentido, los activistas son menos optimistas.
Ganesan celebra las medidas de Dinamarca, Gran Bretaña y Holanda que desarrollaron planes de aplicación, pero tiene sus objeciones. «Pocos de ellos tienen alguna fuerza real. Aunque les piden a sus empresas que adopten los Principios Rectores, ninguno ha elaborado un mecanismo destinado a asegurar que eso suceda», critica.
En el contexto de Estados Unidos, hay cautela si el país podrá adoptar reglas que les exijan medidas a las empresas. Sara Blackwell, de la Mesa Redonda Internacional de Responsabilidad Empresarial (ICAR), señala en un comunicado que su organización seguirá abogando por un plan de acción de Estados Unidos que trascienda la preocupación por la transparencia y la corrupción.
Todo plan debe incluir «una acción clara sobre temas tan importantes como el acceso a garantías eficaces para las víctimas de los daños a los derechos humanos derivados de las empresas y la incorporación de estas consideraciones... en la enorme influencia que tiene el gobierno federal de Estados Unidos en el mercado a través de su actividades de contratación pública», añade.
Las iniciativas voluntarias
ICAR ha estado a la vanguardia de la participación de la sociedad civil en torno al desarrollo de planes de acción nacionales de práctica empresarial responsable. Junto con el Instituto danés de Derechos Humanos, ICAR publicó en junio un conjunto de herramientas como sugerencia para los funcionarios de Washington. Entre otros puntos, insta a la participación de todos los interesados, incluidos los «desempoderados».
En su anuncio, Obama pareció sugerir que la elaboración de un plan de Estados Unidos dependerá de la participación de las empresas, aunque todavía no se sabe cuál será la reacción de estas. Pero a los defensores de los derechos humanos les preocupan los ejemplos que surgen en Europa, donde los gobiernos confían en las iniciativas voluntarias y no en las normativas. «Lo que prevemos es lo que ya vimos en el pasado. El sector privado no va a querer nada que sea vinculante», afirma Ganesan, de Human Rights Watch. «Estarán de acuerdo con aceptar los derechos humanos en términos retóricos, pero no querrán normas que les digan que deben tomar determinadas medidas o, por ejemplo, arriesgar la pérdida de contratos públicos», sostiene.
«Sin embargo, ahora existe una oportunidad real para que el gobierno de Estados Unidos exija ciertas acciones, aunque cómo lo articulará la administración será una prueba clave» para el proceso.
