Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo ecuatoriano, ha detallado que la denuncia está concretada en el caso de Luis Solórzano, que ha agotado todas las instancias judiciales españolas sin haber recibido el amparo que ahora reclama su país de origen al Tribunal de Estrasburgo. Ecuador asegura que la ley hipotecaria española ha violado derechos fundamentales, tales como los derechos a la defensa, educación, salud, derecho a la intimidad y a una vivienda digna.

Asimismo, la demanda expone que muchas familias ecuatorianas, residentes en España, están siendo condenadas a la exclusión social y pobreza. La Defensoría del Pueblo de Ecuador confía en que la resolución del Tribunal de Estrasburgo obligue a España a modificar la ley hipotecaria y ayude a superar el conflicto ocasionado como consecuencia del derrumbe de la burbuja inmobiliaria.

En 2011, la Embajada de Ecuador en Madrid puso en marcha una oficina de asesoramiento legal gratuito que ha informado y ayudado a más de 6.000 ecuatorianos afectados por la ley hipotecaria española. Se estima que 15.000 ecuatorianos han sido víctimas de la crisis española y perdido sus viviendas tras haber recibido créditos hipotecarios de «forma engañosa».

En su última visita a España, Rafael Correa, presidente de Ecuador, calificó de «barbaridad» la crisis hipotecaria que ha castigado a 300.000 familias españolas a seguir pagando la hipoteca de una vivienda de la que han sido desahuciadas. El gobernante latinoamericano afirmó que los desahucios son un «abuso criminal del capital financiero» y valoró de «torpeza económica» que el Gobierno de España no entienda que «si un millón de familias no puede pagar el crédito hipotecaria, es problema es también para los bancos».