El Pacto Social del Agua debe ser tenido en cuenta por los eurodiputados a la hora de incidir en la Comisión Europea y los anunciados cambios legislativos relativos al agua. Cabe recordar que el BluePrint (Comunicación de la Comisión Europea del 14/11/2012) anunciaba cambios en la Directiva Marco del agua antes de 2019 y que se han abierto ya procesos de modificación normativa como la Consulta sobre la Calidad del Agua Potable en la UE.
El derecho humano al agua y al saneamiento, a pesar de estar aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas como un derecho fundamental, todavía no ha sido incorporado a la normativa europea. Otro asunto importante pendiente es la aplicación de los caudales de mantenimiento o ecológicos, que solo están legislados en la Directiva Marco de Agua bajo el paraguas del ambiguo concepto del «buen estado ecológico» de las masas de agua.
El Pacto Social del agua contempla toda una serie de compromisos a implementar por las diversas administraciones responsables. El acceso universal al agua como un derecho humano; el establecimiento de programas de cooperación en materia de recursos hídricos; el apoyo incuestionable a la gestión pública sea de forma directa, mediante empresas públicas, cooperativas o comunitarias; la apuesta por la gestión integrada para lograr una visión conjunta de los servicios prestados así como de los ecosistemas implicados de donde se capta el agua para el abastecimiento y donde se aboca mediante un adecuado saneamiento.
El Pacto también subraya que el agua, los ríos, los acuíferos, los lagos y los humedales son bienes comunes que no pueden ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados. Así como sostiene que la gestión del ciclo integral del agua puede y tiene que ser un yacimiento importante para la generación de nuevos puestos de trabajo y mantenimiento de los existentes. La remunicipalización de la gestión nunca debería significar la precarización de las condiciones laborales y de la seguridad de los trabajadores.
Muestra de la importancia del agua y su gestión transparente es la reclamación que Ecologistas en Acción/Ekologistas Martxan llevó hoy también a Bruselas junto a otros grupos y asociaciones vecinales de Barakaldo y Sestao. Reclaman ante las instituciones europeas que se confirme de una vez por todas si el agua que llega a viviendas de la localidad está contaminada por lindano, un peligroso residuo que provoca enfermedades. El embalse de Oiola sigue contaminado y lleva más de 18 meses conectado a la red de abastecimiento que suministra agua a más de 100.000 personas usuarias de los municipios de Barakaldo y Sestao.