La europarlamentaria danesa Margrete Auken no entiende que la Ley de Costas pueda expropiar y demoler casas para volver a construir otras. En su opinión la Ley de Costas que está en tramitación en el Senado es «peor» que la anterior de 1998 y no servirá de mucho puesto que «no aporta nada desde el punto de vista de la protección».

El grupo de parlamentarios europeos ha celebrado una rueda de prensa tras estudiar la Ley y escuchar a las diferentes partes, la presidenta del grupo, la austriaca Angelika Werthmann, ha dicho la nueva ley contiene algunas mejoras respecto a la que debe derogar pero «no es totalmente justa con algunos propietarios».

Respecto a la protección medioambiental, Werthmann señala que si la ley de 1988 debía proteger la costa española y se observa lo que ha ocurrido desde entonces, está claro «que no ha servido para nada» y ha derivado en una inseguridad jurídica. «No estamos convencidos de que la Reforma logre compensar a los propietarios ya afectados de forma satisfactoria. Además, nos preocupa mucho una cláusula que establece que las concesiones podrían revocarse en cualquier momento sin causa justificada».

Auken considera que las compensaciones a los propietarios a los que afectaría la Ley «se han pensado de forma 'sui generis', de una forma muy rara». Por su parte el alemán Peter Jahr ha añadido que el Gobierno español «no compensa y se queda con la propiedad». «Una concesión, o la ampliación de una concesión no es una compensación».

En cuanto a la reunión con el responsable de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Pablo Saavedra, han referido que ha defendido «de forma tajante» la constitucionalidad de la Ley, pero los parlamentarios explican que la preocupación europea se debe a que no satisface la seguridad jurídica de los propietarios. «Es necesario actualizar los registros. Muchos inversores se ven afectados sin saber si la propiedad es ilegal».

Entre los casos positivos, los eurodiputados han destacado el de Empuriabrava como una de las zonas que se verá beneficiada por la reforma.

La delegación ha explicado que la legislación europea no debe interferir en la nacional, pero hay mecanismos para actuar si un país contraviene las Directivas europeas. Especialmente cuando se legisla sobre algo que concierne a todos los europeos como en este caso, ya que los ciudadanos de la UE tienen derecho a residir en cualquier punto del territorio. En este caso se puede recurrir a las instituciones comunitarias.

La conclusión de Werthmann es que «Hubiéramos querido ver una reforma de la Ley que concilie de verdad la necesidad de proteger el medio ambiente y la obligación de respetar los derechos y garantías jurídicas de los propietarios de pequeñas casas en la costa». «Sin embargo, la reforma en curso plantea varios interrogantes y creemos que aún queda mucho por hacer».

Si se aprueba la Ley de Costas en trámite, evitará que durante otros 75 años se derriben más de 3.000 chiringuitos y viviendas de la costa que tendrían que comenzar a derribarse a partir de 2018, según dice la ley de 1988. Diez barriadas históricas de Alicante, Girona, Huelva, Málaga y Valencia serán igualmente preservadas, la isla de Formentera recibirá un trato especial por su configuración geológica y podrán continuar en activo industrias contaminantes, si la autoridad competente medioambiental informa de manera favorable