La fiscalía de Milán acusó en 2010 a los diseñadores y otras cinco personas por un supuesto delito fiscal de 1.000 millones de euros entre 2007 y 2010, tras crear una sociedad en Luxemburgo bajo el nombre de «Gado», que gestionaba algunas marcas del grupo. Pero, según la sentencia, sólo era una «tapadera», ya que la gestión se realizaba en la sede italiana de D&G. Así conseguían que las ganancias derivadas de la explotación de la marca tributaran en ese paraíso fiscal que se ha convertido Luxemburgo (país del que es primer ministro el anterior presidente del eurogrupo -Jean-Claude Juncker-) y no en Italia, donde debían pagar impuestos.

Además la fiscalía les acusa de haber cedido las marcas de la sociedad «Gado» por un valor muy inferior al real. Según la acusación se autocompraron la empresa por unos 360 millones de euros en lugar de la valoración real que se sitúa en unos 700. El fisco italiano espera cobrar los impuestos evadidos pero todo parece indicar que los dos estilistas recurrirán la sentencia ante el Supremo.