Los ministros de Finanzas de la UE tienen previsto aprobar la suspensión de los fondos de cohesión que corresponden a Hungría para el año que viene como castigo por haber incumplido reiteradamente las cifras comprometidas para reducir su déficit público.

Es la primera vez que la UE toma una medida semejante, pero al no formar parte Hungría de la zona euro no pueden imponerse sanciones en forma de multas y la congelación de ayudas es la única vía para castigar el déficit excesivo. Los 495 millones de euros que no percibirá equivalen al 0,5% de su PIB.

Hungría ha registrado déficit excesivos desde que entró en la UE en 2004, ha desatendido las exigencias de la Comisión Europea y, a final de 2011 cuando debería haber alcanzado un déficit inferior al 3%, no lo ha conseguido.

Sin embargo, en el Ecofin no hay unanimidad para aplicar la sanción al díscolo jefe de gobierno húngaro, Viktor Orban. Seis países han pedido retrasar la decisión para dar más tiempo a Budapest para que corrija el desvío. Son Polonia, Austria, Reino Unido, República Checa, Letonia y Bulgaria.

La ministra austríaca de Finanzas, Maria Fekter ha criticado que haya una doble vara de medir entre España y Hungría. Fekter ha pedido esperar hasta el verano para decidir entonces y dar margen al gobierno húngaro a corregir su déficit.

Mientras eso pasaba en Bruselas, en Estrasburgo, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, se defendía de las críticas de algunos eurodiputados que también hablaban de trato de favor a España y dureza con Hungría. «La Comisión Europea hará todo por aplicar todos los tratados de manera absolutamente justa y sin ninguna discriminación. Y, francamente, el ejemplo mencionado de Hungría y España no se sostiene», ha dicho Barroso con el argumento de que España tiene tiempo hasta 2013 para cumplir el objetivo de déficit, mientras Hungría ha superado el plazo. «Se pidieron medidas a Hungría y a Polonia, Chipre, Malta, Bélgica y Hungría», ha señalado Barroso, «y todos aceptaron menos Budapest».

En España, el gobierno ha aceptado la reducción extra del 0,5% del PIB para este año que impuso anoche el Eurogrupo. El ministro de Economía, Luis de Guindos, no ha precisado de dónde se harán los nuevos recortes, pero ha señalado que «no creo que tenga ningún impacto en absoluto significativo ni sobre el crecimiento económico, ni sobre el empleo ni sobre el cuadro macroeconómico».