Las asociaciones judiciales Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, junto con la organización defensora de los derechos y libertades civiles Rights International Spain se han dirigido, por segunda vez en lo que va de legislatura, a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, denunciando que «diversas iniciativas del Gobierno están erosionando el principio de separación de poderes», lo que «tiene como consecuencia un debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho».
El escrito hace referencia, en primer lugar, al reciente y controvertido nombramiento del nuevo Presidente de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo. Según los estándares internacionales en la materia, para salvaguardar la imparcialidad e independencia judicial es necesario, por un lado, que el procedimiento de nombramiento sea claro, transparente y libre de presiones e influencias; y, por otro, que los criterios del nombramiento sean objetivos y basados en la integridad y capacidad profesional.
Las organizaciones explican que la no renovación de José Manuel Sieira Míguez marca un hito, al tratarse de la primera vez en la historia del Alto Tribunal que un Presidente de Sala no es renovado para un segundo mandato, y todo ello, pese a llevar 22 años siendo Magistrado del TS, de los cuales los últimos 5 ha ejercido como presidente de esta sala. Y todo ello, sin que desde el propio Consejo General del Poder Judicial se haya justificado esta decisión, y en un contexto de indicios de injerencias del Gobierno con el fin de evitar decisiones judiciales como la anulación del indulto concedido a un conductor kamikaze.
Este nombramiento constituye, en palabras de las entidades que suscriben este escrito, «una manifestación más de la situación difícil que atraviesa la independencia judicial en España y, en concreto, de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, cuya consecuencia está siendo una merma en la independencia judicial».
En el escrito se vuelve a poner en entredicho la última reforma aprobada de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al introducir, entre otras, modificaciones que merman el carácter colegiado (y por tanto, la independencia) del Consejo General del Poder Judicial. Se subraya, además, que con esta son nueve las leyes aprobadas a iniciativa del Gobierno o del Partido Popular que introducen modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial; «reformas legales de tan hondo calado» como esta «tienen un impacto en la seguridad jurídica», sin que se haya producido en ningún momento además «una verdadera consulta con las organizaciones de la sociedad civil» ni se haya tenido en consideración «las opiniones de los operadores jurídicos», aseguran las cuatro entidades.
Finalmente, las organizaciones denuncian que la reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) actualmente en tramitación en el Senado, también a iniciativa del Gobierno, fije «un plazo límite para la instrucción penal con el objetivo alegado de agilizar la justicia». Esta medida, en palabras de las entidades «afectaría especialmente a las causas por corrupción política, al impedir a los jueces realizar todas las investigaciones necesarias para la averiguación de los hechos delictivos», sin que se pretenda además dotar presupuestariamente esta reforma «para que las investigaciones penales puedan llevarse a cabo en los plazos establecidos». Se insiste, en definitiva, en que esta medida «es contraproducente en la lucha contra la corrupción, ya que contribuirá, en la práctica, a aumentar la impunidad».
Cabe recordar además que hace unos meses, en abril de este año, Rights International Spain y Jueces para la Democracia, dirigieron a la Comisión Europea una carta y un Informe en los que denunciaban, entre otras medidas incluidas en el paquete de reformas promovido por el Gobierno español, estas dos reformas legislativas (LOPJ y LECrim) por tratarse de «reformas parciales e insuficientes» que deberían ser retiradas en tanto no se realice un «proceso de consulta con expertos y sociedad civil con el objetivo de alcanzar una efectiva reorganización y modernización del sistema judicial». Las organizaciones instaban a la Comisión a activar un nuevo instrumento de la UE para fortalecer el Estado de Derecho, así como a «adoptar una serie de medidas para impedir que siga deteriorándose el Estado de Derecho en España».
Joaquím Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, una de las asociaciones judiciales firmantes ha manifestado que «las presiones del poder político para controlar la judicatura han llegado a niveles que no tienen equivalentes en toda la etapa democrática. Los intentos políticos de influenciar los altos tribunales están erosionando gravemente la credibilidad de nuestras instituciones judiciales. En nuestro país la división de poderes corre riesgos muy serios y por eso necesitamos la intervención de los organismos internacionales».
Por su parte Lydia Vicente, Directora Ejecutiva de Rights International Spain, ha puesto de manifiesto que «la situación en cuanto a la falta de independencia judicial en nuestro país es insostenible; primero, porque supone una vulneración flagrante a uno de los elementos más esenciales del estado de derecho y segundo, porque sin jueces independientes los derechos y libertades de toda la ciudadanía están en peligro».
