La UE está comprometida al más alto nivel en la lucha contra la pena de muerte, es el principal donante de las organizaciones de la sociedad civil que luchan por la abolición y presiona en todos los foros internacionales. En último caso intenta que los países establezcan una moratoria pero si no lo consigue pide a los Estados en los que la pena de muerte está en vigor que la ejecución se realice con un mínimo de garantías aprobadas a nivel internacional. Exige además que se limite estrictamente a los delitos más graves, que no se aplique a delincuentes juveniles ni a disminuidos psíquicos y que se garantice un juicio justo a los acusados.
La Unión es la primera región en el mundo que ha prohibido el comercio de artículos que puedan ser utilizados para la ejecución de la pena capital. Aunque queda un medicamento, el tiopental sódico, que se utiliza en EE UU en la «inyección letal» que se fabrica en algunos laboratorios europeos y que se exporta a aquel país. Según Amnistía Internacional la muerte por este medio no es suave ni indolora, es una muerte muy «lenta y dolorosa» que asfixia al condenado, lo inmoviliza y finalmente provoca un paro cardiaco, pide que se prohíba la venta a países que aplican la pena de muerte.
En la mayor parte de los países en los que se aplica la pena máxima también se utiliza como una sádica forma de tortura. A finales de 2010 había casi 18.000 personas esperando la muerte legal, la mayor parte de ellos llevan años en la soledad del corredor de la muerte.
Amnistía Internacional relata el caso del japonés Hakamada Iwao, la persona que lleva más tiempo en el corredor de la muerte en el mundo, espera desde hace 43 años a que lo ejecuten. Durante todo ese tiempo no ha podido comer con el resto de los reclusos, ni hablar con otros presos, o ver la televisión, leer o dedicarse a cualquier afición. Esa situación de angustia y espera ha hecho que tenga síntomas de graves trastornos mentales y de conducta y que su salud se resienta. Hakamada Iwao fue declarado culpable de asesinar al jefe de la fábrica en la que trabajaba , a su esposa y a sus dos hijos. Hakamada se declaró culpable tras 20 días de interrogatorio sin abogado. Más tarde se retractó, denunció malos tratos por parte de la policía pero no se le permitió recurso y fue obligado a firmar la primera declaración.
En Europa, Bielorrusia es el único país de la antigua Unión Soviética que mantiene la pena de muerte. Según Amnistía Internacional al menos 400 personas han sido condenadas a la máxima pena desde 1991, aunque advierte que el número real podría ser mayor debido al secretismo en torno a las ejecuciones. El líder bielorruso, Alexander Lukashenko, es uno de los 192 dirigentes mundiales cuyos activos financieros en la UE están congelados y tiene prohibida la entrada a la Unión por la represión contra la oposición y activistas de derechos humanos.
En esta ex república soviética se ejecuta a los condenados de un tiro en la nuca y no se informa a la familia hasta semanas o meses después de que se les haya ajusticiado, ni siquiera se les devuelve el cadáver o se les dice el lugar en el que está enterrado.
