Un borrador interno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) filtrado a inicios de diciembre revela intensos desacuerdos entre los países miembros sobre la política del foro mundial en materia de drogas. El documento, divulgado por el diario británico The Guardian y obtenido por IPS, contiene más de 100 recomendaciones específicas para los países, muchas de ellas contrarias al statu quo sobre prohibición y erradicación de drogas.

El texto confirma que crece el descontento entre los gobiernos y en los corredores de las sedes de la ONU en Nueva York y Viena, donde el documento fue filtrado desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Noruega, por ejemplo, llama a los Estados a hacerse «preguntas relacionadas con la despenalización» y a realizar «una evaluación crítica del enfoque representado por la guerra contra las drogas».

¿Un negocio para las prisiones?

En su informe anual de 2010, la empresa de cárceles privadas Corrections Corporation of America advirtió a sus inversores que cualquier cambio en las leyes «sobre drogas y sustancias controladas o sobre inmigración ilegal podría afectar el número de personas arrestadas, condenadas y sentenciadas, y por lo tanto reducir la demanda de instalaciones correccionales». «No es algo particularmente nuevo», señala Kasia Malinowska-Sempruch, directora del Programa Global de Política de Drogas de Open Society.

«Lo nuevo es que estemos hablando sobre eso. Creo que hay una suerte de fachada en la ONU que dice: 'Somos una gran familia feliz', pero esa no ha sido la realidad durante años», explica Malinowska-Sempruch. En 1993, México sostuvo en una carta a la Asamblea General de la ONU que, debido a que «el consumo es la fuerza motriz de la producción y el tráfico de drogas, la reducción de la demanda se convierte en la solución radical –aunque a largo plazo— del problema».

A pesar de iniciativas políticas de reducción de daños en América Latina y Europa, las reformas dentro la ONU se ven frenadas por dogmas de mediados del siglo XX y por el constante regateo entre sus miembros. Los precios de las drogas caen y estas son más puras año a año, mientras los gobiernos siguen gastando 100.000 millones de dólares anuales en medidas de prevención y castigo.

La ONU estima que el tráfico de drogas creció en más de 350.000 millones de dólares anuales, y que para 2050 el número de consumidores aumentará 25 por ciento. En el documento se muestra «con preocupación que la aplicación de leyes represivas puede obligar a los consumidores a alejarse de los servicios de salud pública y acudir a ambientes ocultos». Allí, «los riesgos de sobredosis, infecciones de hepatitis C, VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida) y otras enfermedades de transmisión sanguínea son muy elevados», advierte.

Suiza apoyó el año pasado la propuesta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de celebrar foros alternativos para discutir las políticas internacionales de drogas. La OEA ha denunciado abiertamente el daño que los narcotraficantes –atraídos por el voraz consumo en América del Norte y las jugosas ganancias- han causado en gran parte de América Latina. En septiembre, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, dijo en la Asamblea General de la ONU: «La guerra contra las drogas no ha generado los resultados esperados, y no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes».

Entre las recomendaciones del borrador filtrado, Ecuador pide «esfuerzos especiales para lograr una significativa reducción de la demanda», y que las medidas de prevención y castigo incluyan «pleno respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, al principio de no interferencia en los asuntos internos de los países y en los derechos humanos». El representante de Guatemala ante la ONU, Gert Rosenthal. señala que «los países están sufriendo, pero se les dice que deben fortalecer la interdicción».

Ese tipo de documentos son reelaborados a puertas cerradas, para convertirlos en recomendaciones unificadas de políticas. En este caso se procura presentar una declaración de consenso en la Revisión de Alto Nivel que realizará la Comisión de Estupefacientes en marzo de 2014 en Viena.

Ese encuentro preparará el escenario para la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU de 2016, cuando se espera que los Estados tracen una nueva política de drogas para la próxima década. El proceso para obtener consenso, que podría dar un enorme control a los ya poderosos países favorables a la interdicción, como Rusia y Estados Unidos, está bajo duras críticas, indica Tom Blickman, investigador del Transnational Institute en Amsterdam.

Blickman señala que «si un país bloquea las reformas, ellos pueden tener éxito». «Los países están cansados, no debería ser de esta manera». Pero Malinowska-Sempruch, destaca que en esas negociaciones, la Unión Europea habla en nombre de todos sus miembros, homogeneizando opiniones. «La voz de Portugal y de otros países más progresistas se ahoga porque forman parte de un bloque más grande», añade.

Un portavoz de la UNODC rechazó hacer comentarios sobre borradores de documentos ni sobre el proceso de consenso. Desde que la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, fuertemente influenciada por Estados Unidos, preparó el camino para la moderna guerra contra las drogas, los países se han esforzado para cumplir con sus obligaciones legales.

Hasta hoy, la mayoría de los países todavía enfrentan el narcotráfico con los parámetros de ese pacto y de la Convención de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas. Los acuerdos exigieron a los países una total prohibición de los estupefacientes.

Según la convención de 1961, ciertas plantas y sus derivados son considerados ilegales prima facie. Pero, según la de 1971, que se aplica a drogas psicoactivas y farmacéuticas producidas en su mayoría en Occidente, la prohibición solo corresponde cuando se demuestra el peligro de la droga. Esta disparidad significa que, a los ojos del derecho internacional, quienes consumen hojas de coca en los Andes son tan dignos de castigo como los consumidores de Oxycontin y metanfetaminas en Estados Unidos.

Eso supone, según Blickman, que «algunas drogas han sido demonizadas y es difícil hacer retroceder el reloj». En Estados Unidos, la Ley contra el Abuso de Drogas, de 1986, introdujo penas mínimas a los consumidores que le aseguraron a la naciente industria de prisiones privadas un flujo constante de reclusos. Y una convención de la ONU de 1988, que exige a los países firmantes penalizar la posesión de drogas, convirtió a los adictos en una nueva clase de criminales internacionales.

¿Cuanto tiempo y a qué velocidad?

Para países como Uruguay, que aprobó el martes un revolucionario régimen de producción, venta y autocultivo legal de marihuana, eludir los acuerdos internacionales puede ser un delicado juego geopolítico. La nueva ley uruguaya pone todo el sistema bajo control del Estado y autoriza la venta de hasta 40 gramos por mes a cada usuario, que será inscripto en un registro. Pero la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), encargada de supervisar el cumplimiento de las convenciones, advirtió que la ley uruguaya «violaría la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes».

«Basta mirar a Suiza o Alemania, que tiene sitios donde inyectarse heroína, u Holanda con sus cafés, o Portugal o Uruguay, para notar que hay países que piensan que debe haber políticas distintas», recuerda Malinowska-Sempruch. Pero mientras esos países se destacan en las noticias (Portugal eliminó las penas a los consumidores en 2001), naciones pequeñas temen molestar a Estados Unidos y Rusia, eternos donantes y miembros con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Según la ley estadounidense, el Departamento de Estado debe publicar cada año un informe evaluando si los beneficiarios de la ayuda cumplieron con las «metas y objetivos» del acuerdo de 1988. «No todos los países se interesan por este problema como para hacerse enemigos, porque saben que necesitarán esos votos para lo que realmente les interesa», explica Malinowska-Sempruch.

La mayoría de los recursos con los que cuenta la UNODC vienen de estados miembros, que pueden condicionar sus aportes a «fondos con propósitos especiales». El gobierno de Suiza, que comenzó a ofrecer tratamiento con heroína a adictos en 2008, se retractó en una conferencia de prensa señalando que el documento filtrado era parte de una sesión de «intercambio de ideas», y que «de ninguna manera significa un apoyo o un intento de cambiar las tres convenciones de la ONU sobre drogas».

Si bien la sesión de 2016 puede marcar un punto de ruptura, para muchos la reforma se dará en los hechos. Puesto que los tratados internacionales existen simplemente porque los países los cumplen, ignorar su mandato puede ser más efectivo que ninguna otra medida.

«Hay margen en la convención», dijo Blickman. Si los países se deslizan en él, la «JIFE no podrá hacer mucho más que prohibir el ingreso de ciertas drogas (farmacéuticas) en el país». Y si esa tendencia continúa, la ignorada JIFE podría terminar convertida en una rareza de biblioteca.