El año pasado fueron asesinados 76 trabajadores y trabajadoras por el solo hecho de defender sus derechos sindicales, precisa la secretaria general de la CSI, Sharan Burrow, en el prefacio del Informe Anual sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales, presentado en Ginebra, donde actualmente se reúne la Conferencia Internacional del Trabajo.

Esta cifra trágica no incluye a los trabajadores que perecieron en las revueltas de la llamada Primavera Árabe. El mayor número de sindicalistas muertos en el periodo estudiado se registró otra vez en Colombia, indica la coordinadora del informe, Sara Hammerton. Fueron 29 los asesinados, eso es relativamente bajo respecto del pasado, cuando la media llegó a ser de hasta un centenar por año, señala.

Las estadísticas más luctuosas en los 143 países estudiados corresponden a América Latina, donde se perpetraron 56 asesinatos de sindicalistas en acciones cometidas «en la más absoluta impunidad», dice Borrow.

Además de Colombia, la otra preocupación seria en esa región se centra en Guatemala, donde se cometieron 10 asesinatos, la misma cantidad que en 2010. La CSI pensaba que las autoridades de ese país darían los pasos para evitar que se repitiera y proteger a los dirigentes obreros, pero no se ha hecho nada.

Hammerton comenta que Víctor Báez, secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), una de las regionales de la CSI, sostiene en un estudio que la impunidad «es un negocio muy rentable» para los perpetradores de las violaciones sindicales que obtienen «cuantiosos beneficios económicos».

Sin embargo, creo que el caso de Colombia es mixto. No es solo financiero, sino que se mezcla con la política y con el movimiento guerrillero en armas desde comienzos de los años 60, dice la experta de la CSI. Es un cuadro muy complicado.

Gustavo Gallón, asesor jurídico de organizaciones obreras colombianas, nos señala que la situación de los sindicalistas en su país sigue siendo muy difícil, porque continúan muriendo a pesar de que el gobierno de Juan Manuel Santos anunció medidas para evitarlo.

Se sigue asesinando a muchos sindicalistas, así como también se aprecia una gran impunidad en los casos que se están estudiando en la fiscalía, insistió.

Solo aquí, en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se investigan 2.900 asesinatos y desapariciones forzadas de sindicalistas desde 1986, agrega. Los avances al respecto son muy escasos.

Los autores del informe de la CSI también calculan que fueron centenares la cantidad de sindicalistas muertos, y miles los detenidos durante los alzamientos populares de la Primavera Árabe de comienzos de 2011, especialmente en Túnez, Egipto y Bahrein.

Otros datos indican que nueve líderes de organizaciones de trabajadores murieron en Asia, cuatro de los cuales fueron víctimas de ataques a balazos en Filipinas. También se destaca el brutal asesinato de un dirigente del sector de la confección en Bangladesh, dos años después de haber sido apaleado por las autoridades a causa de sus actividades sindicales.

En tanto, en Zimbabwe, un niño de un año murió tras pasar la noche a la intemperie y bajo la lluvia porque su familia formaba parte de un grupo de trabajadores agrícolas expulsados de manera sumaria por haber intentado organizarse.

El informe anual de la CSI también sostiene que algunas de las muertes de sindicalistas en el mundo ocurrieron como consecuencia de la violencia policial. Es el caso de un trabajador municipal de Sudáfrica, dos huelguistas de Indonesia y otros en Sri Lanka, Pakistán, India, Egipto y Nepal, víctimas de la represión de fuerzas de choque de la policía.

La CSI subraya que las mujeres y los hombres trabajadores son en especial vulnerables a los efectos de la actual crisis económico-financiera mundial, con epicentro en Europa. El impacto es terriblemente injusto porque muchos gobiernos persisten en favorecer las medidas de austeridad en lugar de estimular el crecimiento y el empleo, estima el informe de la central obrera.

Mientras el desempleo en el mundo alcanzó en 2011 el nivel récord histórico de 205 millones de personas, en Europa los sindicatos acusaron el efecto de la crisis de la eurozona con mayores restricciones a los derechos de los trabajadores en Portugal, Hungría y Rumanía.

Sin embargo, el cambio más dramático se produjo en Grecia, donde el desempleo llegó hasta el 21 por ciento, los salarios se depreciaron y los derechos de negociación colectiva fueron severamente recortados, menciona el informe.

En el caso de España, también hay problemas, pero no es uno de los peores, dice Hammerton. Sin embargo, los sindicatos españoles afrontan dificultades y la situación en el país empeora, agrega. Son los mismos problemas que vemos en el mundo y en Europa, dice.

Los derechos de los trabajadores se debilitan más porque las políticas socavan los empleos y eso afecta severamente a los sindicatos, describe Hammerton. Las modalidades de contratos laborales de corto término y el aumento del trabajo inseguro minan los derechos obreros, explica que las mujeres tienden a ser las más involucradas en ocupaciones inseguros sin contrato, pactos de corta duración o de tiempo parcial, lo cual las vuelve más vulnerables, explica.

Un caso particular es el de los casi 100 millones de personas empleadas en tareas domésticas, que casi siempre son mujeres y en su mayoría jóvenes e inmigrantes, que desconocen sus derechos, por lo cual se encuentran en pésimas condiciones.

Al respecto, la CSI desarrolla este año su «Campaña 12 en el 12», con el objetivo de obtener las 12 ratificaciones necesarias para que entre en vigor el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, adoptado en 2011 por la Conferencia Internacional del Trabajo. Otras trabajadoras en dificultades son las que se desempeñan en las zonas francas industriales o en la industria de la confección, donde sindicarse es particularmente difícil, relata.

El informe consigna que la libertad sindical sigue siendo inexistente en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Sudán y Laos. En Jordania se aplica un sistema de monopolio sindical estrictamente regulado, mientras que en China y Siria el sindicato único se utiliza como instrumento para controlar en lugar de proteger a los trabajadores.