Tras la presentación de esta demanda de conflicto colectivo y tras diversas reuniones con el MJU y el CGPJ, estos realizaron los trámites correspondientes para aprobar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales para la judicatura. Finalmente este Plan ha sido aprobado estos últimos días por ambas instituciones y en el mismo se fija como riesgo para la salud laboral de los jueces la carga de trabajo. Asimismo, se ha asumido por el CGPJ el compromiso de iniciar un proceso de medición de cargas de trabajo judicial a efecto de riesgos profesionales.

Con estas decisiones institucionales se ha dado solución a las peticiones de la demanda de conflicto colectivo presentada por Jueces para la Democracia ante la Audiencia Nacional, en las que se reclamaba la aprobación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales para la judicatura, en el que se valorase esa situación de sobrecarga, con la finalidad de que las instituciones afectadas aportasen los medios y soluciones necesarias para que nuestros juzgados trabajasen en condiciones razonables.

Por ello, el litigio ha perdido su finalidad, por carencia sobrevenida de objeto, al haber aceptado el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial esta petición de Jueces para la Democracia. Así pues, resulta procedente procesalmente el desistimiento de la petición, con reserva de las acciones sobre el cumplimiento de las previsiones de este Plan de Prevención de Riesgos Laborales en su desarrollo material. Por ello, JpD asegura que estarán vigilantes para que se cumpla una medición de la carga de trabajo adecuada a los efectos de salud. Y, en el caso de falta de cumplimiento o de cumplimiento irregular, ejercerán nuevas acciones para que las instituciones afectadas aporten soluciones a la sobrecarga de trabajo y a la saturación de nuestros órganos judiciales.

Desde Jueces para la Democracia valoran muy positivamente que la presentación de la demanda haya obligado al Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial a aprobar en solo cuatro meses el citado Plan de Prevención de Riesgos Laborales para la judicatura, un hecho sin precedentes en la historia judicial de España. «Y consideramos que se ha demostrado la viabilidad de ejercer acciones judiciales en defensa del servicio público de la Justicia y de los derechos profesionales de la judicatura, por lo que seguiremos actuando en esta misma línea siempre que sea necesario».